La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió archivar la solicitud de medidas cautelares presentada por la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá, al concluir que no se acreditaron los criterios de gravedad, urgencia ni riesgo de daño irreparable exigidos por su reglamento.
La petición fue elevada en 2025 por el abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia, y estaba relacionada con pronunciamientos públicos vinculados al presidente Gustavo Petro en torno al crimen. Tras analizar el caso, el organismo internacional determinó que no existían elementos suficientes para adoptar medidas cautelares de carácter urgente.
La denuncia tuvo origen el 11 de octubre del año pasado, cuando Mosquera acudió a la CIDH tras unas declaraciones del abogado Alejandro Carranza, defensor del presidente Petro. En esas intervenciones, Carranza sostuvo que el caso del atentado contra Uribe Turbay estaba siendo presuntamente instrumentalizado para posicionar en la opinión pública narrativas adversas al mandatario.
En su momento, Carranza afirmó ante la Comisión que buscaban advertir sobre un posible uso indebido del sistema interamericano y solicitó seguimiento al caso, argumentando que filtraciones judiciales, ataques mediáticos y pronunciamientos de precandidatos estarían afectando la unidad nacional.
Estas declaraciones generaron molestia en la familia de Uribe Turbay, que las calificó como revictimizantes y engañosas. En respuesta, Mosquera presentó una queja formal ante la CIDH y solicitó medidas cautelares a favor de los familiares del senador, al considerar que los pronunciamientos pretendían relativizar un crimen que, a su juicio, constituye un delito de lesa humanidad.
No obstante, tras casi cuatro meses de análisis, la CIDH concluyó que no se probó la existencia de un riesgo actual atribuible a una acción concreta del Estado que justificara la adopción de medidas de protección internacionales.
En su decisión, conocida por El Espectador, la Comisión aclaró que el cierre de la solicitud no exime al Estado colombiano de sus obligaciones de protección frente a personas en situación de riesgo. Asimismo, indicó que continuará observando el caso dentro de sus funciones de monitoreo y otros mecanismos previstos por los instrumentos internacionales.
La determinación ya fue notificada a las partes involucradas a través de la Cancillería. En el ámbito judicial colombiano, la investigación por el atentado contra Miguel Uribe Turbay sigue en curso. Aunque ocho personas han sido detenidas, aún no se ha establecido quién ordenó el crimen.