La detención de Cilia Flores volvió a poner bajo los reflectores una figura clave pero institucionalmente difusa en los regímenes presidencialistas: la primera dama. Aunque tradicionalmente presentada como un rol simbólico o protocolario, la experiencia latinoamericana demuestra que este espacio ha funcionado, en múltiples ocasiones, como un canal efectivo de acumulación de poder político.
La atención mediática sobre la operación estadounidense en Venezuela se concentró inicialmente en Nicolás Maduro, cuya captura parecía un desenlace previsible tras años de acusaciones internacionales. Sin embargo, la detención simultánea y autónoma de su esposa introdujo un elemento distintivo: Flores no fue tratada como un apéndice del mandatario, sino como una figura con responsabilidad propia dentro del entramado de poder del régimen chavista.
Un rol informal, una influencia real
Desde Eva Perón —caso paradigmático que inauguró una forma de liderazgo dual en Argentina— la figura de la primera dama ha mutado y se ha adaptado a distintos contextos políticos, tanto democráticos como autoritarios. Algunas han limitado su actuación al plano protocolar; otras han encabezado agendas sociales; y varias han operado como articuladoras políticas, constructoras de lealtades y promotoras de políticas públicas alineadas con el proyecto presidencial.
En no pocos casos, ese capital político derivó en carreras electorales propias. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Xiomara Castro en Honduras son ejemplos de primeras damas que luego accedieron a la presidencia, confirmando que el cargo, aunque informal, puede convertirse en una plataforma de poder duradero.
Cilia Flores: liderazgo previo y centralidad política
Cilia Flores se inscribe plenamente en el grupo de primeras damas con peso político propio. Su protagonismo no comenzó con la llegada de Maduro al poder. Abogada y dirigente histórica del chavismo, ocupó cargos estratégicos dentro del Estado venezolano: fue diputada de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, procuradora general de la República entre 2012 y 2013, y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Además, tuvo un rol simbólicamente clave al tomar juramento presidencial a Hugo Chávez.
Analistas sostienen que, desde esas posiciones y luego como primera dama, Flores ejerció una influencia significativa sobre la administración pública y el sistema judicial, en especial en los procesos de designación de jueces y fiscales. Esa intervención habría contribuido a consolidar lealtades internas dentro del chavismo y a erosionar la independencia del Poder Judicial.
Con la llegada de Maduro a la presidencia, Flores adoptó el título de “primera combatiente”. La denominación no fue anecdótica: reforzó la épica revolucionaria del chavismo y evitó el uso del término “primera dama” en un momento en que la pareja aún no estaba formalmente casada. Al mismo tiempo, se inscribió en una tradición regional de resignificación del rol, similar a las autodenominaciones de Eva Perón o al pedido de Cristina Fernández de Kirchner de ser llamada “primera ciudadana”.
Un patrón regional de poder y judicialización
El caso de Flores no es excepcional. En América Latina, varias primeras damas han sido investigadas o procesadas por corrupción y delitos financieros incluso en sistemas democráticos. El ejemplo más reciente es Nadine Heredia, primera dama de Perú entre 2011 y 2016, condenada a 15 años de prisión y actualmente asilada en Brasil. Casos similares se han registrado en Honduras, Guatemala y El Salvador, con acusaciones que incluyen financiamiento ilegal de campañas, lavado de activos y uso indebido de recursos públicos.
En 2015, la detención en Estados Unidos de dos sobrinos de Flores por delitos vinculados al narcotráfico marcó un punto de quiebre en su exposición pública. Desde entonces, redujo su perfil político directo y reforzó una imagen más tradicional y familiar, visible en su programa televisivo Con Cilia en familia, transmitido por la televisión estatal.
No obstante, Flores fue objeto de sanciones internacionales por parte de Estados Unidos, Canadá, Panamá y Colombia, que la vincularon con la erosión democrática y redes de corrupción en Venezuela. Estas medidas incluyeron restricciones migratorias y congelamiento de activos para ella y miembros de su entorno.
Detención y debate institucional
Pese al aislamiento internacional, Flores mantuvo una influencia decisiva dentro del régimen hasta enero de 2026, cuando fue detenida en Caracas junto a Maduro durante una operación de fuerzas estadounidenses. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Su detención reavivó el debate sobre un cargo sin definición legal clara, sin controles administrativos ni mecanismos formales de rendición de cuentas. En contextos autoritarios —como ocurrió también con Lucía Hiriart durante la dictadura de Pinochet en Chile— esa ambigüedad ha amplificado la capacidad de intervención política de las primeras damas. Pero el problema no se limita a regímenes no democráticos: también afecta a democracias, donde el vacío institucional permite la acumulación de poder informal sin responsabilidades equivalentes.
Mientras persista esa indefinición, la figura de la primera dama seguirá siendo una de las más influyentes y, al mismo tiempo, más controvertidas del poder presidencialista en América Latina.