Red de Extorsión en la Cárcel de Cómbita
En un impacto significativo por parte de las autoridades, se ha revelado la existencia de una red de extorsión operando desde la cárcel El Barne, ubicada en Cómbita, Boyacá. La Fiscalía General de la Nación ha anunciado la imputación de 17 personas, entre ellas cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Roles de los Dragoneantes
Los dragoneantes, identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez, son acusados de facilitar el actuar delictivo de algunos reclusos. Su papel consistía en recopilar información sobre posibles víctimas, que incluía datos económicos y familiares, para que otros miembros de la red pudieran realizar extorsiones desde dentro del penal.
Operativos y Capturas
Las capturas se llevaron a cabo en varias jurisdicciones, incluidas Bogotá y municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá. Este esfuerzo fue realizado en coordinación con la Policía Nacional para desmantelar la red de extorsión que operaba eficientemente desde la cárcel y contactaba a ciudadanos de distintas partes del país.
Pruebas y Cargos
Entre enero y diciembre de 2025, se registraron numerosas llamadas desde el penal, en las que los internos se hacían pasar por miembros de grupos armados y exigían dinero. Un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó a los 17 acusados el delito de extorsión, pero ninguno de ellos aceptó el cargo.
Medidas Judiciales
De acuerdo con la decisión de un juez de control de garantías, Deivis Maryu Forero Gómez ha sido sometido a una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se avanza en el proceso judicial en su contra. Los demás implicados han sido liberados, aunque permanecen bajo investigación.
Contexto del Delito
La actuación de los dragoneantes ha sido descrita como una violación grave de sus deberes de custodia, pues permitieron la entrada de dispositivos móviles al penal, herramientas que facilitaron el desarrollo de esta peligrosa actividad delictiva. La situación plantea serias dudas sobre la integridad y control en los establecimientos penitenciarios del país, así como la necesidad de abordar la corrupción dentro del sistema de justicia.
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