En la mañana del 19 de julio, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos por extorsión contra 17 personas, incluyendo a cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La investigación revela que en el centro penitenciario El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá, se habría formado una red dedicada a extorsionar a ciudadanos en diversas regiones del país.
Los dragoneantes acusados son Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez. Según la Fiscalía, estos funcionarios desempeñaron un papel crucial al facilitar operaciones ilícitas dentro del penal, incluyendo la recopilación de información sobre las víctimas, como su situación económica y datos familiares. La Fiscalía también indicó que la red utilizaba teléfonos celulares ingresados ilegalmente al centro, lo que permitió a los reclusos realizar llamadas extorsivas.
Las autoridades llevaron a cabo capturas coordinadas con la Policía Nacional en varias ciudades, tales como Bogotá y municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá. A pesar de las evidencias presentadas en la audiencia, todos los imputados rechazaron los cargos. Sin embargo, el juez de control de garantías decidió que Deivis Maryu Forero Gómez debe permanecer en un centro carcelario mientras el proceso judicial sigue su curso.
Este caso pone de manifiesto la problemática de la extorsión desde los centros penitenciarios colombianos. Entre enero y diciembre de 2025, se registraron numerosas llamadas fraudulentas en las que los internos se hacían pasar por miembros de grupos armados, exigiendo giros y consignaciones de dinero a distintas personas. Este patrón delictivo ha generado preocupación en la sociedad sobre la seguridad y el control dentro de las cárceles del país.
La Fiscalía ha enfatizado que este tipo de delitos refleja una grave falla en el sistema de custodia y supervisión de los centros penitenciarios. Los dragoneantes, en su rol de custodios, fueron acusados de no cumplir con sus obligaciones al permitir que los internos se comunicaran con el exterior para llevar a cabo actividades criminales. Este caso resalta la necesidad de implementar reformas estructurales en el sistema penitenciario para garantizar la seguridad tanto de los reclusos como de la población en general.
El proceso judicial continuará en los próximos meses, y se esperan más pronunciamientos por parte de la Fiscalía. La comunidad y las autoridades estarán atentas a los avances de este caso, que pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario colombiano ante la criminalidad organizada.
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