Aunque la decisión de expulsar a los estudiantes fue avalada por los jueces al comprobarse que se respetó el debido proceso, las declaraciones públicas sobre el caso llevaron a los directivos del colegio a enfrentar una acusación penal por injuria. El caso ha abierto un debate sobre los límites entre la transparencia institucional y la protección del buen nombre.
Un presunto episodio de acoso escolar ocurrido en el colegio Los Nogales, en Bogotá, terminó trasladándose al ámbito de la justicia penal. La Fiscalía formuló acusación contra Camilo Camargo, rector de la institución, y Marcela Junguito, quien se desempeñó como vicerrectora durante el periodo 2023–2024, por el presunto delito de injuria.
Es importante aclarar que el proceso penal no tiene como objeto los hechos de matoneo escolar propiamente dichos, sino las declaraciones que los directivos realizaron en 2024 cuando el caso fue expuesto públicamente en distintos medios de comunicación. De acuerdo con la denuncia, dichas manifestaciones habrían afectado el buen nombre y la honra de los menores implicados.
El origen del conflicto se remonta a un procedimiento disciplinario interno que, tras la aplicación del manual de convivencia del colegio, concluyó con la expulsión de dos estudiantes señalados de participar en un caso de acoso. Según la versión de la institución, la medida se adoptó luego de recaudar pruebas, entre ellas audios, grabaciones y mensajes entregados por los padres del estudiante afectado, así como de activar los protocolos correspondientes, incluido el reporte al sistema de alertas de la Secretaría de Educación.
La decisión provocó una fuerte polémica dentro de la comunidad educativa. Los padres de los alumnos sancionados acudieron a distintas acciones judiciales, incluidas varias tutelas, las cuales fueron resueltas en su contra. En esas decisiones, los jueces concluyeron que el colegio actuó conforme a su reglamento interno y garantizó el derecho fundamental a la educación.
No obstante, el caso tuvo una derivación adicional que aún no se cierra. Las familias de los estudiantes expulsados presentaron una denuncia penal contra los directivos del plantel, argumentando que incurrieron en injuria al referirse públicamente al caso en entrevistas y declaraciones ante los medios de comunicación.
La posición de la defensa
Fabio Humar, abogado penalista y apoderado de la institución, confirmó que el proceso se encuentra en una fase inicial. “Por supuesto, asumiremos la defensa de mis representados. Es fundamental recordar que el proceso disciplinario se adelantó con todas las garantías y que las familias interpusieron varias tutelas, todas resueltas favorablemente al colegio y a la legalidad de sus actuaciones”, señaló.
El jurista explicó que ya se surtió el traslado del escrito de acusación, aunque aún no se ha fijado fecha para la siguiente audiencia, y que el caso se encuentra en etapa previa al juicio. No obstante, cuestionó la lectura que hizo la Fiscalía sobre las declaraciones de los directivos. “De manera equivocada se concluyó que unas manifestaciones de carácter general permitían identificar a los menores involucrados. Esa apreciación no es correcta”, sostuvo.
Humar indicó que la defensa está a la espera de conocer la totalidad del material probatorio del ente acusador y que, por su parte, aportarán las sentencias de tutela ganadas durante el proceso. Añadió que, por ahora, no se contempla un acercamiento con las familias denunciantes, aunque subrayó que el objetivo central de sus clientes es “proteger el bienestar de los menores y evitar cualquier forma de revictimización”.
Finalmente, el abogado advirtió que este tipo de situaciones debería abrir un debate más amplio. “La judicialización de la educación y las restricciones judiciales a las funciones de rectores y docentes, aun cuando se ejerzan con rigor y respeto por las garantías, es un asunto que debería generar preocupación en la comunidad académica”, concluyó.