El Gobierno colombiano decidió frenar de manera indefinida el envío de electricidad a Ecuador, en una medida que combina factores climáticos, técnicos y diplomáticos, y que se produce tras la imposición de aranceles del 30 % a productos colombianos por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
El Ministerio de Minas y Energía puso en consulta pública un proyecto de resolución mediante el cual se suspenden todas las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países. La norma le otorga al Ejecutivo la facultad de reactivar o modificar las exportaciones únicamente en escenarios muy puntuales de excedentes, bajo criterios estrictos y de aplicación reversible.
Desde la cartera energética se explicó que la decisión responde a la necesidad de proteger el sistema eléctrico nacional ante riesgos crecientes asociados al clima, la presión sobre la generación y la eventual llegada de un nuevo Fenómeno de El Niño. El ministro Edwin Palma calificó la medida como “preventiva, responsable y soberana”, y señaló que el borrador estará abierto a observaciones antes de su adopción definitiva.
Las razones detrás de la suspensión
El Gobierno sustentó la decisión en tres elementos centrales:
Mayor incertidumbre climática. El IDEAM ha advertido sobre una posible transición hacia condiciones propias de El Niño, lo que implicaría menores lluvias y una carga adicional sobre el sistema hidroeléctrico, principal fuente de generación del país.
Tensión en la operación energética. Datos del Centro Nacional de Despacho reflejan un uso más intensivo de las plantas térmicas, lo que reduce el margen de maniobra del sistema.
Protección de la energía firme. Se busca garantizar la capacidad del sistema para atender la demanda interna incluso en escenarios adversos.
La resolución deja claro que Colombia no asume compromisos rígidos de exportación. Cualquier eventual envío de energía dependerá de circulares administrativas y solo podrá realizarse si existen excedentes claros y sin comprometer el abastecimiento nacional.
En caso de habilitarse exportaciones, estas solo podrían provenir de plantas térmicas que operen con combustibles líquidos, unidades despachadas centralmente o excedentes del Sistema Interconectado Nacional. Además, se establece un blindaje clave: los costos asociados a esas operaciones no podrán trasladarse a las tarifas internas, evitando impactos para hogares y empresas colombianas.
El trasfondo diplomático
La decisión energética se da en un contexto de deterioro en la relación bilateral. El presidente ecuatoriano anunció recientemente aranceles del 30 % a las exportaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de cooperación en seguridad fronteriza.
Ecuador es un socio comercial relevante para Colombia. De acuerdo con Analdex, ocupa el sexto lugar entre los compradores de bienes colombianos y es el segundo destino de las exportaciones no minero-energéticas, fundamentales para la diversificación de la oferta externa.
Entre 2024 y 2025, Colombia exportó a Ecuador más de 400 millones de dólares en electricidad. Durante el último episodio de El Niño, los envíos llegaron a superar los 450 megavatios de forma sostenida, incluso en medio de una fuerte sequía interna. Según el Ministerio de Minas y Energía, Ecuador cubre entre el 8 % y el 10 % de su demanda eléctrica con energía proveniente de Colombia.
En 2024, las exportaciones totales hacia el país vecino alcanzaron los 1.921 millones de dólares, con un peso significativo de bienes industriales y del sector energético.
Integración, pero con límites
Desde el Gobierno colombiano se insiste en que la integración energética regional sigue siendo un objetivo estratégico, aunque no a costa de poner en riesgo la seguridad del sistema interno. Palma afirmó que los intercambios eléctricos podrán retomarse cuando se restablezcan condiciones de confianza y buena fe entre ambos países.
El proyecto normativo también introduce cambios estructurales: en caso de declararse un riesgo formal de desabastecimiento, esta resolución prevalecerá sobre el marco regulatorio habitual del sector. Además, la CREG tendrá hasta 18 meses para ajustar la regulación de exportaciones, alineándola con criterios de soberanía y seguridad energética.
Según Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el valor de las exportaciones de energía a Ecuador ronda los 30 millones de dólares mensuales. Para Ecuador, la suspensión implica mayor dependencia de generación interna más costosa y menor margen ante choques climáticos; para Colombia, supone sacrificar ingresos externos a cambio de mayor certidumbre energética en un momento de alta fragilidad climática.