Este martes, surgió un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso en relación con la Jurisdicción Agraria. La discusión se centra en un proyecto de ley destinado a regular el funcionamiento de un tribunal para resolver conflictos de tierras, un tema crítico para la reforma agraria implementada en el Acuerdo de Paz de 2016.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expresó que algunos sectores muestran resistencia a discutir el tema. “Lamentamos que no se haya abordado la discusión de fondo, permitiendo que el país conozca las distintas posturas. Nos preocupa la intransigencia demostrada por la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ya que necesitamos espacio para el diálogo y una ruta asertiva”, afirmó la ministra.
En respuesta, el presidente del Senado, Lidio García, aclaró que está en marcha una mesa técnica conformada por los ponentes del debate. Según García, con algunos cambios en los participantes, esta mesa debe presentar un informe sobre el punto 9 del proyecto para que avance. “No es cierto que se haya hundido. Si quieren que se hunda, eso no es problema”, dijo.
La ley ordinaria que se discute reglamentará el tribunal exclusivo para conflictos relacionados con la propiedad y uso de la tierra. Este tribunal fue creado tras la firma de la ley estatutaria en diciembre de 2025, que estableció el marco para su funcionamiento.
En abril, la Corte Constitucional decidió unánimemente que, mientras no exista la jurisdicción agraria funcionando, los jueces civiles se encargarán de resolver los conflictos de tierras. Esta decisión llegó tras la crítica de Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, quien argumentó que la revisión judicial de estos casos estaba retrasando soluciones cruciales para la reforma agraria.
La ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria ya ha sido firmada por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, aún queda pendiente la aprobación de la ley ordinaria, que determinará las reglas operativas de esta jurisdicción. La Corte Constitucional hizo un llamado al Congreso para que cumpla con prontitud lo establecido en el artículo 4 del Acto Legislativo 03 de 2023, que modificó la Constitución para crear la Jurisdicción Agraria y Rural.
Esta reforma contempla la creación de jueces y magistrados especializados en resolver conflictos relacionados con la propiedad rural. A su vez, ordena al Consejo Superior de la Judicatura que comience las preparaciones necesarias para poner en marcha los tribunales agrarios a partir de 2027, según los términos constitucionales y estatutarios.
La creación de esta Jurisdicción Agraria se considera fundamental para devolver dignidad al campo colombiano, un aspecto trascendental para el desarrollo rural y la justicia social en el país. Se espera que el avance de este proyecto promueva un diálogo más abierto y constructivo entre las diferentes partes interesadas, especialmente en un país donde la tierra ha sido históricamente fuente de conflictos. El desarrollo legal y operacional de esta jurisdicción será objeto de atención en los próximos meses.
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