Conflicto sobre los límites del Batallón Rifles 31
Un nuevo escándalo ha surgido tras la publicación de un artículo en un medio internacional que reveló supuestas actividades de minería ilegal vinculadas al Clan del Golfo, cerca del Batallón de Infantería 31 Rifles, en la frontera entre Caucasia y Cáceres, Antioquia. Según informes, los límites de la base militar que presenta la Gobernación de Antioquia no coinciden con los establecidos en la escritura pública del predio desde 1988.
Revisión de la situación en La Mandinga
El 29 de abril, el Ministerio de Defensa organizó una reunión con otros ministerios y líderes mineros para abordar las actividades de extracción ilícita que se desarrollan en La Mandinga, un predio de 2.000 hectáreas que anteriormente perteneció a grupos paramilitares. La propiedad fue embargada en 2013 y, en 2020, se dictó su extinción para ser entregada al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la discrepancia entre la información oficial y lo que establece la escritura pública. “La actividad de minería tradicional que estaban realizando algunos pequeños mineros, hace un mes, sería en terrenos fuera del batallón, pero según lo publicado por la gobernación, se realizaría dentro de él”, dijo Sánchez.
Afectaciones ambientales y sociales
Más allá de La Mandinga y del Batallón Rifles, la situación de la minería ilegal en el Bajo Cauca es alarmante. Extensas áreas de bosque han sido destruidas, dejando grandes cráteres en el suelo. En un reciente sobrevuelo, fue visible una flota de más de 50 dragas succionando el lecho de los ríos, lo que representa una grave contaminación del agua.
Para lidiar con este problemático contexto, el ministro aseguró que se llevarán a cabo reuniones con las personas involucradas en la minería para establecer límites claros y avanzar hacia la erradicación de la minería ilegal. “Ese es un predio que no les pertenece”, reiteró.
Realidades del sector minero
En la reunión con líderes mineros, estuvo presente Karen Viviana Romero, vicepresidenta de la Asociación Mandinga, quien defendió la labor de los mineros tradicionales que utilizan técnicas más pesadas debido a la falta de oportunidades en la región. “La mayoría de las personas que trabajamos aquí somos humildes”, comentó. La Asociación Mandinga, constituida legalmente, incluye a 89 unidades productivas.
Sin embargo, la cuestión de la mecanización de la minería genera tensiones con el Gobierno. Según la denuncia de Romero, el Ejército frecuentemente confisca los motores y maquinaria de menor escala, dificultando su trabajo. “Es un ciclo: llevamos los motores, hacemos el trámite y luego tenemos que empezar de cero”.
Implicaciones de la minería ilegal
Sánchez advirtió que, aunque la Asociación Mandinga se esfuerza por operar dentro de la legalidad, solo representa alrededor del 30% de quienes trabajan en el predio. “La minería ilegal beneficia a grupos criminales, aunque no tengan una relación directa con ellos”, explicó.
Mientras se realizan estudios para determinar los límites del Batallón de Infantería 31 Rifles, se iniciarán investigaciones penales para aclarar posibles responsabilidades dentro de la institución militar en relación con la situación de La Mandinga. “Hay que diferenciar entre la cooptación y la omisión de cuidar sus predios”, concluyó el ministro.