El Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá ha decidido implementar el trabajo virtual y remoto para sus funcionarios y empleados de la sede Aydee Anzola Linares, a partir del martes 17 de febrero. Esta acción se lleva a cabo debido a las complicaciones de acceso provocadas por las protestas de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ha condenando las acciones de la guardia indígena, quienes obstruyeron el acceso a los juzgados. Estas medidas han limitado la movilidad de magistrados, jueces y funcionarios judiciales en la sede mencionada. El tribunal subrayó que “la protesta social, bajo ninguna circunstancia, puede derivar en la retención de personas ni en el asedio a las sedes de la justicia”, insistiendo en el respeto a la integridad y dignidad de los trabajadores judiciales.
Voceros de ACONC han sido claros en su postura, afirmando que no están dispuestos a dialogar con entidades distritales y que solo esperan respuestas del Gobierno nacional. Sus demandas se centran en temas urgentes como tierras, proyectos productivos y atención social.
Los informes oficiales indican que alrededor de 1.500 personas, entre ellas funcionarios del Ministerio de Educación, el DANE y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), no pudieron salir de sus oficinas desde la mañana del 16 de febrero debido a las protestas. La situación ha generado un clima de tensión e incertidumbre que afecta tanto el funcionamiento de la justicia como la movilidad pública en la zona.
Las autoridades judiciales han enfatizado la necesidad de garantizar el funcionamiento de la justicia y la protección de sus trabajadores. Se espera que las conversaciones entre ACONC y el Gobierno nacional sean fructíferas y que se encuentren soluciones a las demandas planteadas, para así restablecer el acceso y la normalidad en el trabajo de los funcionarios judiciales en Bogotá.
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