Continúa el choque entre el presidente del Senado y el gobierno Petro por la emergencia económica

La declaratoria de emergencia económica anunciada por el presidente Gustavo Petro sigue profundizando el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En medio del receso de fin de año, el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), respondió a nuevos señalamientos del Gobierno y defendió la autonomía del Congreso tras citar a sesiones extraordinarias en las que se busca, entre otros asuntos, ejercer control político sobre la medida adoptada por la Casa de Nariño.

La controversia se originó luego de que el Congreso fuera convocado a sesiones extras para aprobar ascensos en las Fuerzas Militares. Aprovechando esa citación, varios congresistas propusieron que en la misma jornada se incluyera un debate sobre la viabilidad y legalidad de la emergencia económica, con la que el Ejecutivo pretende compensar el hundimiento de la reforma tributaria que buscaba recaudar cerca de COP 16,3 billones para el presupuesto nacional.

Desde el Gobierno, sin embargo, se cuestionó la intención del Senado de adelantar ese control político. Para Lidio García, la postura del Ejecutivo desconoce la independencia de los poderes públicos. En línea con el discurso que ya había sostenido su antecesor, el conservador Efraín Cepeda, el senador liberal insistió en que el Congreso no actúa subordinado al Gobierno. “El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados”, afirmó.

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata de dos ministros clave del gabinete. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el estado de emergencia no solo se refiere a hechos consumados, sino también a amenazas al orden económico, citando el artículo 215 de la Constitución. En su interpretación, el Congreso no podría adelantar control político sin que el Ejecutivo haya enviado previamente el informe motivado sobre la declaratoria y los decretos que la desarrollan.

Más duro fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que, de persistir en ese control, el presidente del Senado podría incurrir en prevaricato. Estas afirmaciones elevaron el tono del enfrentamiento institucional y llevaron a García a emitir una nueva respuesta pública.

“El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado”, señaló el presidente del Senado, quien agregó que las reacciones de los ministros “generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar”. Según García, el Gobierno estaría buscando condicionar una función que es propia del Congreso y que en el pasado fue defendida por varios de los hoy ministros.

El cruce de declaraciones no se detuvo ahí. Antonio Sanguino aseguró posteriormente que el Congreso se ha convertido en un obstáculo para “las reformas y los cambios que favorecen al pueblo trabajador”. Además, lanzó un ataque directo contra García al señalar que es “un títere del titiritero mayor César Gaviria” y que “de liberal no tiene ni un pelo”.

La respuesta del presidente del Senado fue igual de contundente. “Nunca hemos considerado que usted sea custodio del liberalismo, una tradición que exige formación y convicción. Cuando se acusa de títeres a los demás, a veces no se hace más que proyectar la propia forma de entender el poder. Aquí no hay hilos, hay responsabilidad institucional”, replicó García, reafirmando su defensa de la separación de poderes.

Pese a la confrontación, desde el Senado se mantiene firme la intención de ejercer control político sobre la emergencia económica. Sectores como Cambio Radical, encabezados por el senador Carlos Fernando Motoa, pidieron revisar a fondo la alternativa escogida por el Gobierno para suplir los recursos no aprobados en el Congreso. Al mismo tiempo, desde el Centro Democrático se estudian acciones legales, como una eventual tutela, con el objetivo de suspender los efectos de la declaratoria.

Así, la emergencia económica no solo ha abierto un debate fiscal y jurídico, sino que se ha convertido en el epicentro de una nueva disputa entre el Gobierno Petro y el Congreso, con implicaciones directas sobre el equilibrio de poderes y el alcance del control político en medio de los estados de excepción.