La Contraloría General de la República advirtió graves obstáculos para cumplir las órdenes de reparación a las víctimas establecidas en las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el ente de control, la financiación proyectada para 2026 presenta un déficit del 83,6 %, equivalente a un faltante de COP 101.858 millones, sin incluir los recursos que demanden futuras decisiones judiciales.
La advertencia surge de un seguimiento especial a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz y a la ejecución de las sentencias de la JEP. El informe identifica incumplimientos en la entrega y monetización de los bienes que el antiguo secretariado de las Farc se comprometió a aportar para la reparación de las víctimas.
De acuerdo con el análisis, el componente restaurativo y reparador de las sentencias requiere COP 121.858 millones, conforme a estimaciones de la propia JEP. No obstante, para la vigencia de 2026 solo se contarían con COP 20.000 millones, lo que limita de forma sustancial la capacidad de ejecutar las medidas ordenadas.
La Contraloría también contrastó los activos reportados por la exguerrilla con los efectivamente entregados. En efectivo, se había declarado la existencia de hasta COP 12.070 millones, pero solo se recibieron poco más de COP 2.100 millones. En cuanto a divisas, de los USD 450.000 comprometidos, se lograron monetizar USD 448.500, luego de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) determinara que USD 1.500 eran falsos.
En materia de bienes inmuebles, el informe es aún más crítico: de los 722 predios reportados por las antiguas Farc, únicamente uno ha sido entregado. La SAE fue designada como administradora del patrimonio autónomo de estos bienes, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) es la entidad beneficiaria.
Para la Contraloría, estos incumplimientos ponen en riesgo el derecho a la reparación integral de las víctimas y podrían comprometer la responsabilidad del Estado colombiano. Por ello, instó a las entidades y actores involucrados a cumplir los compromisos adquiridos y a asegurar los recursos necesarios para atender a las personas reconocidas como víctimas por la JEP.
El organismo de control también señaló que varias órdenes judiciales incluidas en las sentencias, que asignan responsabilidades a entidades nacionales y territoriales, no cuentan con apropiaciones presupuestales para la próxima vigencia fiscal, lo que impide su implementación.
Finalmente, la Contraloría advirtió que la brecha entre lo prometido y lo efectivamente entregado por el secretariado afecta la credibilidad de los principios de verdad, justicia y reparación, y genera incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos de las víctimas.