La discusión sobre una posible Asamblea Constituyente ha vuelto al centro del debate público en los últimos días del año. Este viernes fue inscrito el comité que liderará la recolección de firmas para impulsar la iniciativa, un proceso que cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro y de su gabinete. A partir de este paso, surgen nuevas inquietudes sobre el procedimiento legal y los alcances de una convocatoria que ha generado polémica, especialmente porque avanzará de forma paralela al calendario electoral.
Aunque el jefe de Estado ha insistido en que “la constituyente no se realizará en época electoral”, argumentando que apenas inicia la fase de recolección de apoyos, lo cierto es que el cronograma previo —que culmina con la presentación del proyecto ante el Congreso el próximo 20 de julio— coincidirá con el desarrollo de las elecciones.
Con la inscripción del comité, la Registraduría Nacional dispone de ocho días para verificar que se cumplan todos los requisitos legales. Una vez superada esta revisión, notificará a los promotores por correo electrónico y procederá a entregar los formularios oficiales para iniciar la recolección de firmas.
Desde ese momento, el comité contará con un plazo de seis meses para reunir los respaldos necesarios. La ley exige aproximadamente 2.050.000 firmas, equivalentes al 5 % del censo electoral. No obstante, los impulsores de la iniciativa han señalado que su objetivo es alcanzar tres millones de apoyos, mientras que el presidente Petro llegó a mencionar inicialmente una meta de 10 millones.
Una vez finalizado el plazo o completada la recolección, la organización electoral verificará las firmas y revisará los informes contables. Superado ese proceso, se expedirá una certificación que será presentada ante el Congreso el día de la instalación del nuevo Legislativo.
El proyecto de ley que llegaría al Capitolio consta de 36 páginas y aborda temas como el denominado “bloqueo institucional”, la profundización de las reformas sociales y una eventual modificación de la estructura del Banco de la República. También propone que una eventual Asamblea Constituyente esté integrada por 135 delegados, encargados de deliberar sobre una nueva Carta Política.
Para avanzar, el proyecto deberá obtener mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Además, deberá detallar aspectos clave como la convocatoria formal de la asamblea, el número de miembros, el mecanismo de elección, los temas a tratar y el periodo de funcionamiento. Si el Congreso da luz verde, el presidente deberá sancionar la ley y enviarla a revisión de la Corte Constitucional. En caso de aval del alto tribunal, la convocatoria se realizaría entre dos y seis meses después.
La consulta a los ciudadanos incluiría una pregunta en la que se plantea si se aprueba convocar una Asamblea Constituyente elegida por voto popular, integrada por representantes de distintos sectores sociales, con un periodo de sesiones de tres meses y bajo el principio de no retroceder en materia de derechos humanos y tratados internacionales.
Según la Constitución, no basta con aprobar o rechazar la convocatoria: la pregunta debe incluir de manera explícita los temas que serán discutidos. Para que el proceso avance, se requiere una aprobación significativa por parte del electorado.
El artículo 376 de la Carta Política establece que se entenderá convocada la Asamblea si al menos una tercera parte del censo electoral vota afirmativamente. Además, señala que la elección de los asambleístas deberá realizarse mediante voto directo y en una jornada que no coincida con otros comicios.
En términos prácticos, esto implica que más de 13 millones de colombianos tendrían que respaldar la iniciativa en las urnas. Esa cifra supera en cerca de dos millones el número de votos que obtuvo el presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, cuando alcanzó 11.292.758 apoyos.