El exdirector del Dapre, actualmente en Nicaragua, deberá comparecer ante la justicia con una orden de captura internacional vigente. La Corte Suprema confirmó la medida dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Ungrd.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la vigencia de la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a quien se señala como una de las figuras centrales del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La determinación quedó consignada en una providencia de 23 páginas emitida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, que avaló la decisión adoptada el 14 de octubre de 2025 por la Sala de Decisión de Tutelas de la misma corporación. De esta manera, continúa en firme la medida de aseguramiento dictada por el Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía, González habría coordinado el pago de sobornos por COP 4.000 millones a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de facilitar el trámite de iniciativas del gobierno Petro en el Congreso. El pasado 29 de enero, el exfuncionario compareció en la audiencia de acusación para responder por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos.
La diligencia se adelantó ante la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. Durante la audiencia, el ente acusador presentó un escrito de 60 páginas en el que describió el supuesto rol desempeñado por González en lo que ha sido catalogado como el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno.
En ese documento, la Fiscalía sostuvo que “se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en Carlos Ramón González Merchán como dirigente político y como ocupante de uno de los cargos más relevantes del país, al punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República”.
Según la acusación, el exdirector del Dapre habría ordenado gestionar apoyos legislativos mediante el pago de coimas provenientes de sobrecostos en contratos de la Ungrd. En particular, se señala que hacia mediados de septiembre de 2023 instruyó a Olmedo López, entonces director de la entidad, para direccionar contratos por COP 60.000 millones y COP 10.000 millones a favor de Iván Name y Andrés Calle.
El objetivo, sostiene la Fiscalía, era desbloquear proyectos estratégicos del Ejecutivo que enfrentaban trabas en el Congreso, especialmente las reformas pensional y de salud. Sin embargo, la propuesta inicial habría sido ajustada. Según el ente investigador, ante la premura manifestada por Name y Calle, estos habrían solicitado modificar la oferta para recibir una suma menor en un plazo más inmediato.
Asimismo, la Fiscalía señaló que González habría dado la instrucción de incrementar artificialmente el valor de una orden de proveeduría para la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua en comunidades vulnerables de La Guajira. Los recursos derivados de esos presuntos sobrecostos —según la investigación— habrían sido canalizados hacia los entonces presidentes del Senado y la Cámara: COP 3.000 millones para Name y COP 1.000 millones para Calle.
La acusación también resaltó el supuesto papel de González respecto de Sandra Ortiz, quien se desempeñaba como consejera presidencial para las Regiones y actualmente está privada de la libertad en una guarnición policial en Bogotá. Conforme a la Fiscalía, durante un almuerzo se habría acordado que Ortiz actuaría como intermediaria en la entrega del dinero en efectivo a los congresistas.
El ente acusador enfatizó además la gravedad de las conductas imputadas, considerando que resultan particularmente reprochables dada la trayectoria política del procesado. “Carlos Ramón González cuenta con una sólida capacidad económica y durante más de 30 años ha construido un notable capital político y experiencia en el sector público”, señaló la Fiscalía.
Al concluir la audiencia, y tras ser consultado por la magistrada sobre si entendía la acusación, González respondió: “Hay una serie de absurdos y mentiras en esa acusación. No puedo aceptarla porque para mí carece de validez. No es clara, está llena de vacíos y falsedades”.
No obstante, para la Fiscalía el expediente configura un escenario distinto, en el que González aparece como el presunto articulador de una estructura que habría desviado cuantiosos recursos públicos con el propósito de asegurar respaldos legislativos a las reformas del Gobierno.
Con la decisión adoptada este 12 de febrero, la Corte Suprema mantiene activa la circular roja de Interpol contra el exdirector del Dapre, quien permanece en Nicaragua bajo la figura de asilo político concedido por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.