El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el presidente Gustavo Petro salieron en defensa del contrato destinado a la defensa internacional del Gobierno, al tiempo que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por un posible detrimento patrimonial.
El acuerdo, por un valor de 10.000 millones de pesos, fue suscrito el pasado 9 de enero con la firma Amadeus Consultancy Limited, con sede en el Reino Unido, y tiene una vigencia de cuatro meses. Su objetivo, según el Gobierno, es representar al Estado colombiano frente a eventuales sanciones financieras internacionales, luego de la inclusión del mandatario en la denominada lista Clinton.
Desde el Dapre, entidad que adelantó la contratación, se aseguró que el convenio no responde a intereses personales ni busca la defensa jurídica del presidente Petro o de algún funcionario en particular. Por el contrario, se explicó que se trata de una decisión de naturaleza financiera orientada a proteger al Estado.
“El contrato no tiene como finalidad la defensa personal del Presidente de la República ni de ningún funcionario o particular, sino fortalecer la capacidad del Estado colombiano para analizar, anticipar y gestionar riesgos asociados a regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al país”, señaló la entidad en un comunicado que fue difundido por el propio jefe de Estado en su cuenta de X.
El Dapre añadió que las medidas adoptadas por instancias extranjeras, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, no constituyen procesos penales ni judiciales, sino decisiones administrativas de carácter financiero que, de no atenderse oportunamente, podrían afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro respaldó esa postura y atribuyó la necesidad del contrato a gestiones realizadas por sectores de la oposición ante el Gobierno de Estados Unidos. Según el mandatario, dichas acciones habrían generado consecuencias para el país.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami, buscando invasiones, muertos y cárceles. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro en su cuenta de X.
En contraste, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación previa al advertir posibles irregularidades en el proceso. El ente de control señaló que la licitación contempla pagos elevados concentrados en un corto plazo, “sin que exista una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de recurrir a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales”, lo que, a su juicio, plantea dudas sobre el principio de planeación.
Asimismo, el Ministerio Público alertó que el contrato no incluye garantías de cumplimiento, pese a involucrar recursos públicos. La indagación se originó a partir de una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien advirtió sobre un eventual uso de fondos estatales para atender asuntos de carácter personal del presidente.
El acuerdo fue firmado dos días después de la llamada telefónica entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, en la que anunciaron una próxima reunión en la Casa Blanca. Desde entonces, ha provocado fuertes críticas desde la oposición. Una de ellas fue la de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien calificó el contrato como un proceso personal del mandatario y ajeno a la institucionalidad.
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por 10.000 millones de pesos con Amadeus Consultancy (UK) para su proceso por la inclusión en la lista OFAC”, afirmó la congresista.