Desafíos del Nuevo Gobierno
Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, ha manifestado críticas contundentes hacia el Acuerdo de Paz de 2016, que pronto celebrará su décimo aniversario. Los sectores más vulnerables, como las víctimas del conflicto armado, están preocupados por el futuro de la implementación de un pacto que aún no se ha materializado completamente. A medida que De la Espriella toma el poder, la interrogante central es cómo se abordará este legado en un marco de gobernanza que aún no ha delineado una política clara para la paz.
Obstáculos Jurídicos para Desmantelar la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es objeto de controversia, ya que De la Espriella ha insinuado que podría eliminarla “de un plumazo”. Sin embargo, expertos advierten que tal decisión implicaría costes jurídicos y políticos significativos. Ángela Olaya, de la Fundación Conflict Responses (CORE), enfatiza que el Acuerdo de Paz, respaldado por compromisos internacionales, no se puede desactivar sin consecuencias, y constituiría un incumplimiento a nivel internacional.
La JEP y su Rol en la Verdad Histórica
La JEP ha desempeñado un papel crucial al documentar crímenes graves, incluyendo más de 21,000 secuestros y el reclutamiento de niños por parte de la antigua guerrilla. A pesar de ser criticada por su lentitud, el tribunal ha abierto puertas para reparaciones a las víctimas. Olaya alerta que cualquier intento de desmantelamiento podría llevar a demandas legales serias por parte de los afectados, subrayando la importancia de su existencia en el proceso de paz.
Compromisos Internacionales y el Estado de Derecho
La naturaleza del Acuerdo de Paz lo convierte en un acuerdo de Estado, según Leonardo González, director de Indepaz. Esto significa que su continuidad no depende de la administración actual. González resalta que la ciudadanía también tiene un papel fundamental en defender lo pactado, ya que el “derecho a la paz” trasciende la política del gobierno de turno.
Perspectivas de la Implementación Bajo un Nuevo Mandato
Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), que buscan implementar programas de desarrollo en regiones afectadas por el conflicto, siguen siendo inciertos. La posible derogación de la reforma agraria también plantea cuestiones sobre la atención a las necesidades rurales. La futura configuración de la arquitectura institucional para implementación del Acuerdo sigue en el aire, y la continuidad de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) es una preocupación latente.
Violencia y Protección de Líderes Sociales
La violencia contra líderes sociales y excombatientes continúa siendo un tema candente, con cifras alarmantes de asesinatos. Desde 2025, han sido asesinados 255 líderes y 43 firmantes del Acuerdo de Paz. Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, señala que el enfoque actual de protección es insuficiente para abordar esta crisis, enfatizando la necesidad de un modelo más eficaz.
La Posibilidad de Desfinanciamiento de la JEP
La JEP enfrenta el riesgo de desfinanciamiento, un camino que De la Espriella podría explorar sin necesidad de modificar la Constitución. Esto afectaría su capacidad de ejecutarse, dado que necesita recursos sustanciales para cumplir sus propósitos de justicia y reparación. La presión sobre el presupuesto a menudo puede resultar en un debilitamiento de su efectividad.
Reflexiones Finales sobre el Legado del Acuerdo de Paz
Dada la complejidad de los desafíos que enfrenta, desmantelar el sistema construido alrededor del Acuerdo de Paz presenta numerosas dificultades. Los expertos coinciden en que los blindajes jurídicos y los compromisos internacionales aún proporcionan una robustez crucial que protege la implementación del Acuerdo a diez años de su firma en La Habana.