El departamento de Chocó enfrenta una grave crisis humanitaria, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo. Las emergencias óptimas han culminado en una situación alarmante que afecta a la población local. La entidad ha solicitado al Gobierno nacional y a las alcaldías locales que activen de inmediato las rutas de atención humanitaria para proteger los derechos y la vida de las víctimas.
El sismo de magnitud 7.4, ocurrido el 10 de agosto, ha causado un deterioro significativo en la seguridad de la subregión del San Juan. La Defensoría ha reportado un aumento en la violencia armada, los desplazamientos forzados y confinamientos en comunidades como San Agustín, donde se ha evidenciado la presencia del Clan del Golfo. Este grupo criminal ha restringido la movilidad y ha impactado negativamente las actividades tradicionales de producción.
La Defensoría también ha documentado intensos enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), especialmente en territorios étnicos como el Consejo Comunitario General del San Juan. Se han reportado ataques con drones que han dejado civiles heridos y que han forzado el desplazamiento de al menos 65 familias.
Aproximadamente 3,000 personas de 652 familias permanecen confinadas en varias localidades, incluidas Barrancón y Charco Hondo. Durante una misión humanitaria el 25 de agosto, se detectaron serios daños materiales y afectaciones psicológicas en la población debido a los enfrentamientos y el uso de explosivos. Comunidades indígenas que habitan cerca de la vía Quibdó-Medellín también han sido forzadas a huir de sus hogares por el aumento en la actividad del Clan del Golfo y el Eln.
La situación se complica aún más por el incremento de la minería ilegal en regiones como Lloró y Bagadó, afectando a comunidades afrodescendientes que suman unas 500 familias. Las autoridades aún no han completado un censo que permita evaluar las afectaciones del terremoto, dejando muchas comunidades incomunicadas y sin acceso a ayuda humanitaria.
Ante esta crisis, la Defensoría ha instado al Clan del Golfo y al Eln a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario. También ha pedido que se priorice la realización del censo de personas afectadas por el terremoto y que se garantice el acceso a asistencia humanitaria para las comunidades aisladas. La situación en Chocó requiere atención urgente para evitar un colapso humanitario mayor.
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