La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana de alto riesgo por la persistencia de hechos de violencia y graves afectaciones a los derechos humanos en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda. Según la entidad, la situación está asociada a enfrentamientos entre grupos armados ilegales que disputan el control territorial en la región.
De acuerdo con el informe, en estas zonas tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo. La Defensoría advierte que en los tres municipios se vienen registrando vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad, la movilidad y la seguridad de la población, tanto residente como en tránsito, además de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El documento precisa que ambos grupos armados operan en el territorio a través del Frente Manuel Hernández “El Boche”, en el caso del Eln, y de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, por parte del Clan del Golfo. Estas organizaciones, señala la alerta, compiten por el dominio de corredores estratégicos de movilidad, clave para el fortalecimiento de sus estructuras y el control de economías ilícitas.
La Defensoría sostiene que la gravedad del escenario se refleja en el aumento significativo de homicidios cometidos con armas de fuego en zonas bajo influencia de estos Grupos Armados Organizados (GAO). A ello se suman el incremento de desplazamientos forzados y confinamientos, que afectan de manera desproporcionada a pueblos étnicos —indígenas y comunidades negras o afrodescendientes—, así como a poblaciones campesinas.
Asimismo, el informe advierte sobre un mayor número de enfrentamientos que involucran a la fuerza pública, situación que incrementa el temor de la población civil a posibles represalias por parte de los actores armados ilegales. Este contexto se ve agravado por un ambiente constante de amenazas, extorsiones e imposición de normas, además del riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La alerta también menciona el asesinato de un reconocido líder social en el municipio de Mistrató.
Entre las recomendaciones planteadas, la Defensoría solicitó a las personerías municipales de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico que presenten informes periódicos para hacer seguimiento y vigilancia a la implementación de medidas de protección en favor de la población civil, así como para monitorear de forma permanente la evolución del riesgo advertido.
Finalmente, el organismo hizo un llamado al Gobierno nacional para que, a través de sus distintas entidades, refuerce su presencia institucional en estos municipios. La Defensoría pidió no solo acciones de seguridad, sino también la entrega de ayudas humanitarias y la adopción de medidas que mejoren el acceso a las zonas afectadas, con el fin de atender de manera oportuna las necesidades de la población civil.