La Defensoría del Pueblo advirtió que la intensificación del conflicto armado en el municipio de El Roble (Sucre) ha provocado temor entre la comunidad, situación que derivó en el desplazamiento forzado de 67 familias del corregimiento de Tierra Santa. Esta corresponde a la segunda alerta temprana emitida por la entidad en lo que va de 2026.
Durante la mañana de este 30 de enero, la Defensoría del Pueblo dio a conocer una alerta temprana por el agravamiento del conflicto armado y los desplazamientos forzados registrados en El Roble (Sucre). De acuerdo con el organismo, se encuentran en riesgo los corregimientos de Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, zonas que colindan con los municipios de Galeras y San Benito Abad, debido a la presencia e incidencia del Clan del Golfo.
La entidad explicó que este escenario de amenaza está directamente relacionado con la localización estratégica del municipio dentro de la subregión de La Sabana, un corredor que conecta el sur de Sucre, San Jorge y La Mojana con las salidas al mar Caribe por el Golfo de Morrosquillo.
“Esta ubicación ha convertido al territorio en un corredor clave para el desarrollo de economías ilegales, en especial el narcotráfico y otras actividades criminales”, señaló la Defensoría, al tiempo que confirmó la presencia del Clan del Golfo tanto en áreas rurales como en el casco urbano de El Roble.
En ese contexto, el organismo defensor advirtió que “no se descarta la eventual llegada de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control del territorio, dada la relevancia estratégica y geográfica del municipio dentro de las rutas del narcotráfico y de otras economías ilícitas”.
La Defensoría también precisó que, aunque durante 2025 se presentó un periodo de relativa tranquilidad, entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre se registraron cuatro homicidios y un atentado sicarial. Una de las víctimas fue una lideresa campesina del corregimiento de El Sitio. Estos hechos incrementaron el miedo en la población y motivaron el desplazamiento forzado de 67 familias de Tierra Santa.
La alerta temprana de inminencia advierte que cerca del 90 % de las familias desplazadas regresaron de forma voluntaria y sin acompañamiento institucional, “lo que eleva el riesgo de revictimización, nuevos desplazamientos y eventuales despojos o apropiaciones indebidas de bienes”.
Según la Defensoría del Pueblo, la situación resulta especialmente grave para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes enfrentan el riesgo de ser reclutados o vinculados por grupos armados ilegales. “Asimismo, pueden ser instrumentalizados en actividades relacionadas con el microtráfico, la extorsión y el control social”, alertó la entidad.
El organismo también indicó que están en riesgo las mujeres, lideresas y líderes sociales, población víctima y retornada, comerciantes, funcionarios públicos y personas contratistas que desempeñan labores en el municipio de El Roble.
A este panorama se suma, de acuerdo con la Defensoría, la limitada presencia institucional en las zonas rurales y las restricciones en la capacidad de respuesta y disuasión de la fuerza pública, “lo que ha generado espacios de baja gobernabilidad que facilitan el accionar criminal y han frenado procesos administrativos como la restitución de tierras, debido a la falta de condiciones de seguridad”.
Frente al recrudecimiento del conflicto en esta región, la Defensoría del Pueblo emitió un total de 15 recomendaciones dirigidas, entre otras entidades, al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de El Roble, con el propósito de reducir los riesgos que enfrentan las comunidades afectadas.
De igual manera, solicitó la adopción de medidas urgentes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y la Procuraduría Regional de Sucre, entre otras instituciones, para atender de manera oportuna a las posibles víctimas de incursiones de grupos armados ilegales.
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