El decreto que estableció nuevos impuestos al licor y al tabaco provocó un fuerte rechazo entre los gobernadores, quienes evalúan la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional.
Una de las medidas más controvertidas de la emergencia, adoptada a finales de diciembre, fue el incremento del IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %, así como el aumento del impuesto a los cigarrillos, que se elevó cerca de un 300 %. De acuerdo con distintos sectores, estos ajustes podrían afectar seriamente las finanzas departamentales, ya que buena parte de los ingresos de las regiones proviene de estos gravámenes, destinados a financiar áreas como salud, educación y deporte. La preocupación central es que una caída en el consumo se traduzca en menor recaudo.
Con el fin de unificar una postura frente a la medida, los gobernadores de los 32 departamentos se reúnen en Bogotá, en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Allí analizan si procede la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad al decreto 1474 de 2025.
El encuentro es liderado por la vicepresidenta de la FND y gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, junto a otros mandatarios como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez. Al cierre de la reunión, se espera la divulgación de un comunicado con la posición oficial y las acciones que adoptarían los departamentos.
El primer pronunciamiento en contra del decreto vino desde Antioquia. Su gobernador, Andrés Julián Rendón, anunció que en ese departamento no se aplicará la norma hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre la legalidad de los impuestos y avale, o no, la emergencia económica.
“Antioquia no ejecutará el decreto haciendo uso de la excepción de inconstitucionalidad, que funciona como un mecanismo preventivo ante el riesgo de un daño grave e irreparable derivado de un cobro tributario que consideramos contrario a la Constitución. Para el departamento, esta medida representa una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones”, afirmó Rendón en declaraciones a Blu Radio.
La reunión de los gobernadores se produce días después de que, el pasado 9 de enero, la FND enviara una carta de siete páginas en la que expresó su rechazo al decreto 1474 de 2025. En ese documento, los mandatarios calificaron la decisión como re-centralizadora y perjudicial para los ingresos de las entidades territoriales. Según señalaron, el aumento de impuestos podría poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte.
De acuerdo con la Ley 1816 de 2016, que regula el monopolio rentístico de los licores, los recursos obtenidos por estas rentas se distribuyen principalmente entre la salud (37 %), la educación (14 %) y el deporte (3 %) a nivel departamental. En territorios como el Valle del Cauca, donde existe producción propia de aguardiente, estos ingresos representan una parte sustancial del presupuesto regional.
En la misiva enviada al Gobierno, los gobernadores argumentaron que el aumento del mínimo a 750 pesos por grado/750 ml, junto con un componente ad valorem del 30 %, limita de forma significativa la autonomía fiscal de los departamentos. Según explicaron, las regiones con tarifas bajas se verían obligadas a incrementarlas de manera abrupta, con posibles efectos sobre los precios y el contrabando, mientras que aquellas con tarifas más altas perderían una herramienta clave de política pública.