Detenciones de influencers en Egipto: moral, control social y leyes ambiguas

En Egipto, un número creciente de creadores de contenido digital ha terminado en prisión por publicar videos aparentemente inofensivos, como bailes, rutinas de maquillaje o escenas de la vida diaria. Las detenciones forman parte de una campaña intensificada por las autoridades, que se apoya en disposiciones poco precisas de la ley de delitos informáticos de 2018, la cual sanciona la violación de los llamados “principios o valores familiares”, sin definir claramente su alcance.

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre una aplicación discrecional de la normativa, utilizada para castigar contenidos no políticos que chocan con estándares morales conservadores promovidos por el Estado.

Una ofensiva que viene de años atrás

La persecución contra influencers no es reciente. En 2020, el Gobierno egipcio inició una serie de arrestos, especialmente contra mujeres activas en TikTok, acusadas de “inmoralidad” o de atentar contra los valores familiares. Uno de los primeros casos fue el de Manar Samy, detenida en julio de ese año luego de que un abogado la denunciara por un video donde bailaba en una playa junto a su perro. Aunque la grabación no contenía material sexual explícito, el arresto generó críticas incluso desde sectores de medios estatales.

Ese mismo año, la bailarina Sama el-Masry fue condenada a tres años de prisión y al pago de una multa, tras considerarse que sus publicaciones en redes sociales eran sexualmente sugestivas. Argumentos similares se utilizaron en procesos contra Mowada Al-Adham y Haneen Hossam, acusadas de promover la prostitución o de incentivar la obtención de ingresos a través de TikTok.

Cifras en aumento

Según un informe de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), desde 2020 al menos 327 personas han sido detenidas en 252 procesos judiciales bajo cargos vinculados a la moral pública. El ritmo de arrestos se aceleró notablemente desde agosto pasado, con 167 detenciones en apenas cinco meses, lo que equivale a más de una por día. La mayoría de los casos recientes involucra a mujeres, lo que, según la EIPR, refleja un intento de regular su apariencia, lenguaje y presencia pública.

Entre los episodios más controvertidos figura el de la tiktoker Suzy El Ordonia, arrestada en agosto. La joven enfrenta cargos por difundir contenido considerado indecente y por blanqueo de capitales, bajo el argumento de que sus ingresos en redes sociales serían ilegales. Su defensa denuncia el uso arbitrario de leyes con conceptos vagos y abiertos a interpretación.

Otro caso es el del influencer conocido como Shaker, quien fue detenido durante 45 días y acusado de vulnerar los valores familiares conforme a los artículos 25 y 26 de la ley de delitos informáticos. En diciembre, un tribunal revocó su libertad bajo fianza.

Control social y disciplina moral

Para Lobna Darwish, directora del programa de género de la EIPR, la estrategia estatal apunta a imponer control social a través de castigos judiciales y encarcelamientos. A su juicio, el objetivo es frenar nuevas formas de ascenso económico y visibilidad social surgidas a partir de las redes digitales, en un contexto de deterioro de las garantías económicas tradicionales.

En una línea similar, Mohamed Lotfy, director de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF), señaló que muchos fiscales egipcios, provenientes de sectores sociales acomodados, conciben la sociedad como algo que debe ser disciplinado.

Además, Human Rights Watch ha documentado detenciones de hombres por no ajustarse a los modelos de masculinidad aceptados oficialmente, incluidos casos relacionados con su forma de bailar o expresarse. La organización también denunció investigaciones contra hombres homosexuales a partir de información privada obtenida en aplicaciones de citas.