Leopoldo Eduardo Montes Dávila, quien se desempeñaba como fiscal 19 de la Seccional Antinarcóticos de la Policía en Santa Marta, fue capturado junto a los agentes Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Los tres son investigados por su presunta participación en los delitos de concusión y falsedad en documento público. De acuerdo con las autoridades, habrían exigido 300 millones de pesos a un ciudadano a cambio de evitarle un proceso judicial.
La actuación judicial se originó tras la denuncia presentada por un comerciante del sector automotor en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena. Según la acusación, los funcionarios integrarían una estructura dedicada a presionar económicamente a personas involucradas en trámites judiciales.
Conforme a la información oficial, el fiscal Montes Dávila y los dos uniformados habrían solicitado los 300 millones de pesos a un comerciante de autopartes luego de realizar una incautación presuntamente irregular.
La investigación fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y por el Gaula Élite de la Policía, tras recibir la denuncia el 1 de febrero. Las indagaciones preliminares indican que el fiscal y los agentes habrían ordenado, sin sustento jurídico, la retención de una tractomula cargada con mercancía en una vía nacional del Magdalena.
De acuerdo con la queja que dio inicio al proceso, la incautación —en la que también habría participado un auxiliar de despacho— se justificó señalando, presuntamente de manera falsa, que el vehículo transportaba estupefacientes. Posteriormente, el fiscal y los agentes habrían exigido al comerciante el pago de 300 millones de pesos para devolverle la carga retenida.
El expediente fue remitido a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, que avanzó con celeridad en la recopilación de pruebas. Diez días después de iniciadas las diligencias, se emitieron las órdenes de captura contra los funcionarios y se practicó un allanamiento en la oficina del fiscal Montes Dávila, donde fueron incautados equipos de cómputo y documentos considerados relevantes para la investigación.
El operativo se llevó a cabo el 12 de febrero. Los tres detenidos son señalados como presuntos responsables de concusión y falsedad en documento público. Actualmente permanecen privados de la libertad en Santa Marta, mientras continúa el proceso judicial en su contra.
En cuanto al fiscal Montes Dávila, no sería la primera vez que su nombre aparece vinculado a presuntos hechos de corrupción. Según su registro en el portal de Función Pública, se desempeña como delegado ante jueces del circuito de Santa Marta desde el 1 de agosto de 2013. Además, en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía figuran anotaciones relacionadas con investigaciones por prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión.