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Una reciente denuncia de un comerciante en el sector automotriz en Santa Marta ha llevado a la captura de un fiscal y dos agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en la capital del Magdalena. Estos empleados públicos son acusados de presuntamente formar parte de una red dedicada a extorsionar a ciudadanos involucrados en procesos judiciales.
Los funcionarios implicados son Leopoldo Eduardo Montes Dávila, fiscal 19 de la Seccional Antinarcóticos de la Policía en Santa Marta, y los agentes Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez. La investigación, impulsada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Gaula Elite de la Policía, se originó tras una denuncia recibida el 1 de febrero. Según las autoridades, los acusados extorsionaron a un comerciante de autopartes, exigiéndole la suma de COP 300 millones como condición para devolverle una mercancía incautada irregularmente.
De acuerdo con los reportes, la incautación de una tractomula cargada de mercancía fue ordenada sin justificación legal. La denuncia sostiene que el fiscal y los agentes afirmaron erróneamente que el vehículo estaba cargado de estupefacientes, lo que llevó a esta acción. La falta de fundamentos jurídicos en la orden de incautación ha sido uno de los puntos críticos en la investigación.
Diez días después de haberse presentado la denuncia, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía actuó rápidamente, ordenando las capturas de los tres funcionarios y ejecutando un allanamiento en la oficina de Montes Dávila. Durante el operativo, se confiscaron computadoras y documentos que son clave para el caso en curso.
Los tres funcionarios enfrentan cargos por concusión y falsedad en documento público, y se encuentran detenidos en Santa Marta mientras prosigue el proceso legal en su contra. Cabe destacar que Leopoldo Eduardo Montes Dávila no es un desconocido en el ámbito de la corrupción, ya que su perfil en Función Pública muestra que ha sido delegado ante jueces del circuito de Santa Marta desde el 1 de agosto de 2013. Además, figura en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por delitos que incluyen prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión.
Las autoridades continúan avanzando en la investigación, con la esperanza de esclarecer todos los detalles sobre esta red de extorsión. Esta situación plantea serios interrogantes sobre la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y resalta la necesidad de una mayor supervisión en la conducta de los funcionarios públicos.
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