Los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016 hicieron un llamado urgente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su gabinete ministerial. Durante un encuentro nacional, que tuvo lugar este miércoles, expresaron su preocupación por el cumplimiento y la implementación de los compromisos establecidos en el acuerdo, dada la delicada situación de seguridad que vive el país.
“En este contexto, los firmantes fijamos nuestra posición frente a los anuncios públicos que han generado preocupación entre las víctimas y la comunidad internacional”, indica el comunicado. En su mensaje, enfatizaron que el nuevo gobierno no tiene la autoridad para desmontar el Acuerdo de Paz. “La respuesta es categórica: No puede hacerlo porque la paz ya no es un programa de gobierno ni una concesión de un mandato a otro”, afirmaron.
Además, subrayaron que el acuerdo tiene un “rango constitucional” y representa un compromiso colectivo de todos los colombianos, lo que convertiría cualquier intento de destruirlo en una “violación a la buena fe internacional y un ataque directo a los derechos de las víctimas”.
Los firmantes también manifestaron su inquietud respecto a las declaraciones recientes de De la Espriella sobre la eliminación de oficinas de paz. Argumentaron que estas no son solo opiniones de campaña, sino “amenazas directas al Estado de Derecho”. Según su perspectiva, cualquier recorte a instituciones claves como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o la Unidad de Víctimas representa un desconocimiento del principio de cosa juzgada y la estabilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En su comunicación, los firmantes delinearon tres prioridades que esperan que el nuevo gobierno implemente. En primer lugar, pidieron la suscripción de un Pacto Nacional por la Continuidad del Acuerdo Final en los primeros 100 días de mandato. En segundo lugar, solicitaron que el Acuerdo se incorpore explícitamente en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, con metas verificables y recursos suficientes. Finalmente, pidieron un cese inmediato de la estigmatización hacia la población firmante.
Los firmantes también recordaron que, desde la firma del acuerdo en 2016, la violencia sigue siendo una preocupación crítica, evidenciada por el asesinato de 521 excombatientes. “No desconocemos los desafíos que persisten. Las afectaciones a la seguridad de los firmantes y de los liderazgos sociales continúan siendo una tragedia nacional”, dijeron, enfatizando la necesidad urgente de priorizar la seguridad y la protección de los derechos de todos los involucrados en el proceso de paz.
Con un llamado claro a la acción y el diálogo, los firmantes del Acuerdo de Paz hacen hincapié en que su implementación es vital no solo para los excombatientes, sino para las comunidades que históricamente han sufrido las secuelas del conflicto en Colombia.
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