El 1 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó una audiencia crucial donde el general (r) Mario Montoya Uribe comparte su versión sobre los escándalos de falsos positivos. Esta diligencia, que se desarrollará hasta el 2 de junio, investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate entre 2005 y 2008.
Presidida por los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz Gómez, la audiencia busca esclarecer si los patrones de ejecuciones extrajudiciales en diversas regiones del país estaban conectados por factores comunes. Montoya, quien fue comandante de la Primera División del Ejército, del Comando Conjunto Caribe Número uno y del Ejército Nacional entre finales de 2003 y noviembre de 2008, deberá responder preguntas sobre su gestión y el contexto de estos eventos.
La JEP ha encontrado que, entre 2005 y 2008, el Comando General de las Fuerzas Militares promulgó directivas respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. A pesar de estas normativas, las ejecuciones continuaron. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ha indicado que la práctica de falsos positivos se detuvo en octubre de 2008, tras la intervención del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Montoya está siendo investigado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP por su supuesta implicación en al menos 118 casos de ejecuciones extrajudiciales. Los incidentes ocurrieron durante su mando en la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia entre 2002 y 2003. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el exalto oficial ha mantenido su inocencia.
En los días previos a la audiencia, la JEP desestimó una solicitud de recusación presentada por Montoya contra la magistrada Díaz Gómez. Argumentaba que ella ya había demostrado una postura previa respecto a su responsabilidad. Sin embargo, la JEP afirmó que la separación en fases del caso no implica una ruptura procesal, ya que se trata de un único proceso integral.
Montoya tuvo una larga carrera en el Ejército, donde dirigió varias unidades y llegó a la comandancia en 2006. En 2018, se acogió a la JEP, a lo que siguió la inclusión de su caso en el famoso Caso 03 de la Jurisdicción. El regreso del general a la escena pública ha reavivado el interés en uno de los casos más notorios de la justicia transicional en Colombia.
La JEP tiene la responsabilidad de decidir si llevar a juicio a Montoya. El caso sigue generando gran atención mediática y expectativa en la sociedad colombiana, que busca justicia por las violaciones a los derechos humanos. La audienciatiende de importancia no solo para el futuro de Montoya, sino también para la comunidad afectada por estos atroces episodios de la historia reciente del país.
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