El nuevo respaldo a la Fuerza Pública devuelve la moral para enfrentar al terrorismo

Para Sebastián López, el país empieza a consolidar una visión compartida alrededor de uno de los temas más importantes para el futuro de Colombia: la seguridad. La coincidencia entre el presidente electo Abelardo de la Espriella, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado refleja, en su criterio, una apuesta común por enfrentar con mayor determinación al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

Esa convergencia política, sostiene López, responde al sentimiento de millones de colombianos que reclaman mayor presencia institucional, protección para las comunidades y acciones más contundentes frente a las organizaciones armadas ilegales. El desafío ahora será transformar esa visión compartida en políticas públicas eficaces, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y resultados concretos que devuelvan la tranquilidad a los ciudadanos.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no solo necesitan mejores capacidades operativas; también requieren algo que durante años muchos de sus integrantes reclamaron: respaldo político. Para Sebastián López, ese respaldo comienza a recuperarse con el nuevo rumbo anunciado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha planteado una política de seguridad orientada a fortalecer la autoridad del Estado y combatir con mayor contundencia a las organizaciones criminales.

En criterio de Sebastián López, el país empieza a vivir lo que muchos denominan el “efecto Abelardo”: un cambio en el ambiente institucional que devuelve confianza a los hombres y mujeres que integran el Ejército y la Policía. No porque la lucha contra el crimen haya terminado, sino porque perciben que el próximo gobierno respaldará su labor dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos.

Durante los últimos años, la seguridad ocupó el centro del debate nacional. Mientras distintas regiones enfrentaban ataques armados, extorsiones, desplazamientos, secuestros y asesinatos, numerosos sectores reclamaban una política más firme frente a organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Para Sebastián López, el principal deber del Estado consiste en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ninguna democracia puede consolidarse cuando amplias zonas del territorio permanecen bajo la influencia de organizaciones armadas ilegales que desafían permanentemente la autoridad legítima. Por ello, considera positivo que diferentes liderazgos políticos coincidan en que recuperar el control territorial debe ser una prioridad nacional.

Desde esa perspectiva, el anuncio del nuevo gobierno representa un cambio de enfoque. Sebastián López sostiene que fortalecer a la Fuerza Pública no significa promover la confrontación por la confrontación, sino devolverle al Estado la capacidad de ejercer autoridad, proteger a las comunidades y enfrentar con determinación a quienes continúan sembrando violencia en Colombia.

El respaldo político a las Fuerzas Militares y de Policía, afirma López, tiene un efecto que trasciende lo operativo. También fortalece la moral institucional. Un soldado o un policía que siente el apoyo de su gobierno desempeña su misión con mayor confianza, sabiendo que cuenta con el respaldo de las instituciones para cumplir su deber dentro del marco constitucional y legal.

Para Sebastián López, la articulación entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías será determinante para que esa visión de seguridad produzca resultados. La coincidencia entre Abelardo de la Espriella, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón demuestra que existe la posibilidad de construir una estrategia coordinada que fortalezca la inteligencia, mejore la capacidad operativa del Estado y recupere territorios donde hoy persisten estructuras criminales.

Colombia necesita enviar un mensaje inequívoco a las organizaciones criminales: el Estado no renunciará a ejercer el monopolio legítimo de la fuerza ni permitirá que el terrorismo, el narcotráfico o las economías ilegales continúen imponiendo sus reglas sobre millones de colombianos. Para López, esa determinación debe traducirse en una mayor presencia institucional, protección efectiva para la población civil y una estrategia integral que combine seguridad, justicia y oportunidades para los territorios.

La seguridad vuelve a convertirse, en su opinión, en una prioridad nacional. Eso implica fortalecer la inteligencia, recuperar el control territorial, proteger a la población civil y brindar respaldo institucional a quienes diariamente arriesgan su vida vistiendo el uniforme de la patria.

Sebastián López considera que el desafío del próximo gobierno será traducir ese respaldo político en resultados concretos. La ciudadanía espera menos extorsión, menos homicidios, menos control territorial por parte de grupos armados ilegales y una mayor presencia del Estado en las regiones históricamente golpeadas por la violencia.

El llamado “efecto Abelardo”, concluye Sebastián López, no debe medirse únicamente por los discursos. Su verdadero alcance dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para convertir esa convergencia de liderazgos en acciones eficaces que fortalezcan la Fuerza Pública, recuperen la confianza ciudadana y demuestren que la autoridad del Estado puede prevalecer frente al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado dentro del marco de la Constitución y la ley.