La reciente circular emitida por el Gobierno indica el inicio de la liquidación del Ministerio de Igualdad, generando un ambiente de incertidumbre en la cartera. El viceministro (e) Salinas confirmó que el proyecto de ley que busca transformar el ministerio avanza rápidamente, con el 95 % del articulado aprobado en la última sesión. Sin embargo, también se están tomando medidas preventivas en cumplimiento de la sentencia C-161 de 2024, para mitigar el impacto negativo de una posible desaparición abrupta de la entidad, la cual ha apoyado a 14 poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El viceministro subrayó que el Ministerio de Igualdad, tal como existe hoy, deberá transformarse. La nueva estructura resultante del proyecto de ley previsto proporcionará una continuidad necesaria, pero implicará el cierre de procesos administrativos actuales. Esto genera un clima de zozobra, especialmente con el fin del periodo legislativo a solo dos semanas de distancia. Es fundamental, según Salinas, que el Congreso colabore para garantizar una transición ágil que prevenga que poblaciones vulnerables queden desprotegidas.
El proceso de liquidación conllevará la terminación de los contratos de los funcionarios actuales, muchos de los cuales están en provisionalidad. Esto plantea riesgos sobre la continuidad de los servicios que brindan a la comunidad. La necesidad de una entidad liquidadora para manejar este proceso es inminente, y la situación podría volverse aún más complicada si la ley no se aprueba a tiempo.
Salinas reconoció que el ministerio ha enfrentado críticas por diversas razones, incluida la falta de efectividad en la ejecución presupuestal y alegaciones de acoso. A pesar de estas dificultades, hay un consenso entre los legisladores sobre la importancia del ministerio y sus funciones. Se está trabajando en una autocrítica que considera estas fallas como oportunidades para implementar transformaciones en la estructura institucional.
El Gobierno ha reafirmado su apoyo al Ministerio de Igualdad, con la participación activa de varias carteras en el desarrollo del proyecto de ley. Salinas mencionó que estas colaboraciones son cruciales para el avance del marco normativo que, aunque reconoce errores pasados, está orientado a mejorar la operatividad del ministerio y garantizar los derechos de la población a la que sirve.
A medida que se discute la liquidación del ministerio, es vital entender su rol como un instrumento clave para la protección de diversos grupos poblacionales, incluidos habitantes de la calle, adultos mayores y comunidades marginadas. Salinas enfatizó que eliminar el ministerio sería un retroceso en los progresos logrados en derechos sociales en el país.
El viceministro expresó que, a pesar de los retos, el objetivo es construir un espacio institucional que garantice los derechos de la población. La relación entre las ramas del poder público debe ser armónica y colaborativa para asegurar que las iniciativas legislativas confluyan en soluciones duraderas. El futuro del Ministerio de Igualdad dependerá no solo de la aprobación de la ley, sino también del compromiso colectivo de los actores políticos involucrados.
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