Denuncia de la Embajada de EE. UU. en Nicaragua
La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua hizo público este sábado un contundente mensaje sobre la situación de los disidentes bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En sus redes sociales, la delegación diplomática calificó como “irrazonable” la crueldad del régimen hacia aquellos que expresan su desacuerdo.
Condiciones inhumanas y detenciones injustas
La embajada indicó que la “dictadura Murillo-Ortega” mantiene a personas ancianas y enfermas en prisión, destacando el caso de Brooklyn Rivera Brayan. Este exdiputado indígena miskito, de 73 años, se encuentra detenido desde el 29 de septiembre de 2023. Rivera, quien fue una figura significativa en el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), fue arrestado justo antes de las elecciones regionales programadas para marzo de 2024.
“Estas personas fueron encarceladas por el simple hecho de discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de sus derechos fundamentales y de atención médica”, insistió la embajada de EE. UU.
El contexto de la crisis en Nicaragua
Desde abril de 2018, Nicaragua ha enfrentado una profunda crisis política y social que se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021. Durante esas elecciones, Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato en circunstancias controvertidas. La elección se llevó a cabo con la mayoría de sus principales opositores en prisión.
La represión política ha llevado al régimen a acusar a sus adversarios de “golpistas” y “traición a la patria”, lo que ha resultado en la expulsión de muchos opositores y la privación de su nacionalidad y derechos políticos.
Detenciones políticas en aumento
Actualmente, se estima que 46 personas están detenidas por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 15 son adultos mayores. Entre ellos figuran antiguos comandantes de la revolución sandinista, como Bayardo Arce y Henry Ruiz, así como otras figuras destacadas como Álvaro Baltodano Cantarero, un exasesor de Ortega, y varios líderes indígenas.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha proporcionado estos datos y ha destacado la urgente necesidad de abordar la violencia y represión en el país.