El Gobierno de España avanzará hacia una prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años, dentro de un paquete legislativo orientado a reforzar la supervisión de las plataformas digitales y a exigir responsabilidades legales directas a sus altos ejecutivos por los contenidos ilícitos que circulen en ellas.
El anuncio fue realizado este martes por el presidente Pedro Sánchez durante su intervención en el pleno de la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái y que reúne a cerca de treinta jefes de Estado y de Gobierno.
Según explicó el mandatario, el Ejecutivo aprobará la próxima semana un conjunto de medidas destinadas a transformar el ecosistema digital en un entorno más seguro, entre las cuales figura la restricción del acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Para que esta limitación sea efectiva, las plataformas estarán obligadas a implementar mecanismos de verificación y barreras técnicas reales que impidan el ingreso de menores.
Sánchez subrayó que la situación actual es insostenible: “Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían moverse sin protección: un entorno de adicción, abuso, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a permitir que continúe”.
El presidente recordó que ya en el Foro Económico Mundial de Davos, el año pasado, había adelantado su intención de acabar con la falta de consecuencias para los responsables de las plataformas digitales. En esta ocasión, detalló cómo se materializará esa estrategia.
Entre las medidas anunciadas, destacó que los directivos de las empresas tecnológicas pasarán a ser legalmente responsables de las infracciones cometidas en los servicios que gestionan. Además, se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenidos ilegales.
El Gobierno también analizará, en coordinación con la Fiscalía, posibles vulneraciones de la ley por parte de plataformas como Grok, TikTok e Instagram.
Otra de las iniciativas anunciadas es la puesta en marcha de un sistema de seguimiento y trazabilidad que permita medir y rastrear lo que Sánchez denominó “la huella del odio y la polarización” en el entorno digital.
En paralelo, España se ha sumado a otros cinco países europeos para crear la llamada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, una alianza que busca acelerar y endurecer la regulación de las redes sociales de forma coordinada. Según Sánchez, la primera reunión de este grupo se celebrará en los próximos días.
El jefe del Ejecutivo justificó la urgencia de estas decisiones al afirmar que las redes sociales se han convertido en “un estado fallido”: un espacio donde se incumplen las leyes, se toleran delitos y la desinformación tiene más peso que la verdad, mientras una parte significativa de los usuarios es víctima de discursos de odio.
Como ejemplos, mencionó las acusaciones contra TikTok por permitir cuentas que difunden pornografía infantil generada con inteligencia artificial; las denuncias contra Instagram por presunto espionaje a millones de usuarios de Android; y el uso de Facebook como plataforma para campañas de desinformación e interferencia extranjera en procesos electorales.
Sánchez también criticó directamente al propietario de la red social X, Elon Musk, a quien acusó de haber amplificado desinformación sobre una decisión soberana del Gobierno español —la regularización de cerca de medio millón de inmigrantes—, pese a su condición de emigrante.
Ante este escenario, el presidente insistió en la necesidad de “recuperar el control” y garantizar que las plataformas digitales cumplan las normas igual que cualquier otro actor. Reconoció que el desafío es complejo, dado que muchas de estas empresas tienen más poder económico que numerosos Estados, incluida España.
Sin embargo, concluyó con un mensaje de firmeza: “Su poder y su influencia no pueden intimidarnos. Nuestra determinación es mayor que su riqueza”. En esa línea, aseguró que el Gobierno aplicará una política de “tolerancia cero” y defenderá la soberanía digital del país.