Estados Unidos en Venezuela: la polémica noción de una soberanía compartida

El 3 de enero el escenario internacional se sacudió con la noticia de la incursión de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. De inmediato surgieron paralelismos con la Doctrina Monroe y con las intervenciones militares históricas de Washington en América Latina y el Caribe. No obstante, el episodio actual presenta rasgos distintivos: no hubo despliegue militar directo en territorio venezolano —aunque Estados Unidos se reservó explícitamente ese derecho— y se desarrolló en un contexto global caracterizado por la fragmentación del orden internacional, la policrisis y un multilateralismo debilitado.

La administración Trump 2.0 persigue un objetivo inequívoco: asegurar el control de la producción petrolera venezolana y facilitar el acceso de las empresas estadounidenses a esos recursos. En ese proceso, los discursos sobre la defensa de los derechos humanos y la controvertida “responsabilidad de proteger” han quedado relegados. La intervención, además de económica, es profundamente política: Estados Unidos no solo impulsa un gobierno de transición, sino que impone autoridades, vulnerando principios fundamentales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Desde esta perspectiva, se configura una violación directa a la integridad territorial venezolana mediante el uso de la fuerza sin respaldo jurídico: no existe un supuesto de legítima defensa ni autorización del Consejo de Seguridad. Asimismo, se transgreden los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, igualdad soberana de los Estados y solución pacífica de controversias.

Desde el punto de vista jurídico, la actuación estadounidense no encuentra justificación ni en las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen de Maduro, ni en los cuestionamientos a la legitimidad de su mandato, ni en las expectativas que pudiera generar entre la población venezolana o su diáspora.

Soberanía compartida: condiciones y límites en el caso venezolano

La imposibilidad práctica de sancionar a Estados Unidos —dada su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad— y el deterioro progresivo del orden internacional basado en reglas obligan a replantear una pregunta clave: ¿estamos ingresando en una etapa en la que las potencias desvinculan su conducta del Derecho Internacional y la soberanía estatal se vuelve flexible o incluso compartida?

En 2004, el politólogo Stephen Krasner introdujo el concepto de “soberanía compartida” como una respuesta pragmática a situaciones de colapso institucional y Estados fallidos. La propuesta consistía en crear estructuras de gobernanza con autoridades internas y externas concurrentes para restablecer la estabilidad. Un elemento esencial de esta fórmula es el consentimiento expreso del Estado involucrado, lo que permite distinguirla de una intervención forzada.

¿Puede aplicarse esta noción al caso venezolano? ¿Es compatible con el Derecho Internacional vigente? La respuesta es negativa. No existe consentimiento de una de las partes, requisito indispensable para hablar de soberanía compartida. En consecuencia, los hechos solo pueden interpretarse como una violación al principio de no intervención, profundizando la erosión de un Derecho Internacional ya debilitado.

¿Un giro estructural en la política internacional?

Los acontecimientos recientes tensionan los marcos tradicionales de la política internacional, entendida como el entramado jurídico-institucional que regula las relaciones entre Estados soberanos mediante normas, reglas e instituciones orientadas a preservar la estabilidad, la paz y el equilibrio de poder. Desde el Derecho Internacional, se trata de una infracción manifiesta de principios básicos; desde el análisis geopolítico, emerge una política exterior estadounidense alineada con un neorrealismo ofensivo.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentada en diciembre de 2025, anticipó este viraje. A ello se suman señales contundentes: el cambio simbólico del nombre del Ministerio de Defensa por el de “Guerra”, impulsado por un presidente que aspira al Nobel de la Paz, y el retiro reiterado de organismos, agencias y tratados internacionales. Dado el peso global de Estados Unidos, especialmente en el hemisferio occidental, estos gestos marcan una inflexión profunda en la política internacional.

En su discurso tras la extracción ilegítima de Maduro, Trump evitó por completo referencias a la democracia o a los derechos humanos. En cambio, insistió en que la seguridad nacional estaba garantizada y que la población estadounidense no enfrentaba riesgos. Reforzó, además, la narrativa de protección de fronteras y de seguridad estratégica, justificando la acción bajo el argumento de enfrentar a los cárteles de la droga, en particular los supuestamente vinculados a Venezuela. De este marco discursivo surge lo que algunos ya denominan la doctrina “Donroe”.

¿El surgimiento de una nueva doctrina hemisférica?

La Doctrina Monroe surgió en el siglo XIX, en el contexto de las independencias americanas y del temor a una restauración colonial europea. La doctrina Donroe, en cambio, parte de la percepción de una amenaza distinta: la creciente influencia de China como competidor geopolítico en la región.

Paradójicamente, cuanto más agresiva se vuelve la política exterior estadounidense, más expone sus debilidades estructurales en el plano internacional y las fracturas internas de su política doméstica. El verdadero foco de preocupación es el avance de China y de los países BRICS en América Latina y el Caribe, una región que no fue prioritaria para las recientes administraciones demócratas.

Estos movimientos delinean los contornos de un nuevo orden internacional en gestación, desde una lógica neorrealista ofensiva. Bajo esta óptica, América Latina y el Caribe son concebidos por la administración Trump como parte integral de la seguridad estratégica estadounidense, abarcando todo el continente americano, incluida Groenlandia.

Un eventual acuerdo del chavismo para otorgar concesiones a Washington podría inaugurar una forma altamente cuestionable de “soberanía compartida”. Si se confirma que la presidenta interina Delcy Rodríguez encabeza un gobierno alineado con los intereses estadounidenses, estaríamos frente a nuevas directrices de la política internacional contemporánea. En este punto, resuenan las ideas de Henry Kissinger sobre un orden regional escalable, sustentado en un delicado equilibrio entre poder y legitimidad.