Cada legislatura en Colombia trae consigo un nuevo esfuerzo por restringir el derecho al aborto. Esta vez, un grupo de congresistas del partido Salvación Nacional, junto con otros partidos como el Conservador y el Centro Democrático, ha presentado un proyecto para modificar el artículo 11 de la Constitución. La propuesta busca establecer que el derecho a la vida comienza “desde la fecundación”, lo que sería una corrección a la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto. Sin embargo, expertas en derechos reproductivos consideran que este proyecto enfrenta muchas dificultades para convertirse en ley.
Desde el fallo de la Corte Constitucional en 2006, que despenalizó el aborto bajo tres causales, ha habido múltiples intentos para revertir esta decisión. A lo largo de los años, sectores del Congreso han promovido varias iniciativas para modificar el artículo de la Constitución relativo al derecho a la vida. Sin embargo, todos esos proyectos han sido archivados o retirados ante la falta de respaldo suficiente. En 2022, la Corte volvió a despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación y, desde entonces, al menos cuatro proyectos han intentado modificar este derecho, sin éxito.
Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Center for Reproductive Rights, señala que el proyecto enfrenta complejas barreras jurídicas y políticas antes de convertirse en una reforma constitucional. Al ser un proyecto de acto legislativo, necesita superar un proceso más riguroso en el Congreso, que incluye ocho debates con mayorías completas. Incluso si logra avanzar, tendría que confrontar más de dos décadas de jurisprudencia de la Corte que protege los derechos reproductivos.
La reacción del movimiento Causa Justa, responsable de la demanda que llevó a la despenalización del aborto, ha sido contundente. Resalta que cualquier intento de revertir este derecho no solo es inconstitucional, sino que también ignora una posición clara del alto tribunal.
El proyecto no solo apunta a restringir el acceso al aborto, sino que podría tener repercusiones más amplias sobre otros derechos sexuales y reproductivos. Si se aprueba la modificación, el Estado podría reinterpretar los derechos de las mujeres y aquellas personas con capacidad de gestar, imposibilitando el acceso a alternativas como la anticoncepción de emergencia y tratamientos de fertilidad. Tal situación podría regresar a Colombia a un escenario donde el aborto es completamente penalizado, incluso en casos de riesgo para la vida o salud de la mujer.
El debate sobre el aborto en Colombia trasciende la existencia de este derecho y se centra en cómo garantizar su acceso. A pesar de la resistencia y los intentos legislativos por restringirlo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sigue vigente. Las expertas advierten que este nuevo proyecto no solo busca modificar un artículo, sino que puede deshacer un importante precedente en materia de derechos humanos, poniendo en riesgo la promesa de dignidad que establece la Constitución.
En este contexto, la lucha por el reconocimiento y el acceso a derechos reproductivos continúa siendo un tema crucial en la agenda política y social de Colombia, haciendo visibles las tensiones entre perspectivas conservadoras y los derechos humanos.
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