Expresidente Álvaro Uribe impulsa tutela para frenar emergencia económica de Petro y abre nuevo pulso político

La declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro empezó a enfrentar una fuerte resistencia desde la oposición. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el partido Centro Democrático confirmaron que están promoviendo una acción de tutela con la que buscan frenar la aplicación de la medida mientras la Corte Constitucional realiza el estudio de fondo sobre su legalidad.

La iniciativa surge luego de que la Corte Constitucional informara que no reanudará actividades ni convocará sesiones extraordinarias durante la vacancia judicial para analizar los decretos expedidos por la Casa de Nariño. Ante ese escenario, Uribe sostuvo que la tutela se convierte en el único mecanismo inmediato para evitar que la emergencia económica produzca efectos antes de un pronunciamiento definitivo del alto tribunal.

“La protección de los derechos ciudadanos no le puede aplicar la vacancia. Por eso, ante la vacancia de la Corte Constitucional debería proceder la tutela”, afirmó el exmandatario. Además, insistió en que este recurso es necesario porque el estudio del caso por parte de la Corte solo se daría a partir del 13 de enero, tiempo durante el cual —según él— el Gobierno podría aplicar los nuevos decretos y generar impactos irreversibles. “Es el único recurso inmediato, porque mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, agregó.

De acuerdo con fuentes del Centro Democrático, varios congresistas ya adelantan estudios jurídicos para presentar la tutela una vez se conozcan los decretos específicos que prepara el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República para reglamentar la emergencia económica. El objetivo sería suspender la entrada en vigencia de estas normas, que buscan aumentar el recaudo mediante nuevos impuestos, especialmente dirigidos —según el Ejecutivo— a los llamados “megarricos” del país.

El Gobierno estima que, a través de la emergencia económica, podría recaudar cerca de COP 16,3 billones, recursos que no fueron aprobados en el Congreso tras el hundimiento de la ley de financiamiento en las comisiones económicas. El presidente Petro ha advertido que ese faltante comprometería programas de inversión social y ha descartado recortes significativos al gasto de funcionamiento, argumentando que estos afectarían sectores sensibles como educación y salud.

Desde el uribismo, la tutela también es vista como una herramienta para frenar lo que consideran un uso indebido de los estados de excepción. En esa línea, la candidata al Senado por el Centro Democrático, María Clara Posada, señaló que durante la vacancia judicial “la acción de tutela se configura como el único mecanismo eficaz e inmediato para evitar que el decreto de emergencia económica produzca efectos irreversibles sobre derechos fundamentales”. Añadió que negar su procedencia generaría “un vacío de protección contrario al carácter garantista de la Constitución de 1991”.

Las reacciones del presidente Petro no se hicieron esperar. En un extenso pronunciamiento, el jefe de Estado respondió directamente a Uribe, recordando las reformas tributarias impulsadas durante los gobiernos anteriores. “Uribe y su amigo Duque nos llenaron de reformas tributarias; la de Carrasquilla la derrotó el pueblo, y todas, sin excepción, se trataron de IVA al consumo popular y de exoneraciones a los más poderosos”, sostuvo.

Petro defendió que sus propuestas tributarias han sido más progresivas y orientadas a gravar a los sectores de mayores ingresos, pero acusó al expresidente de bloquearlas a través de la institucionalidad que, según él, aún controla. “Usted no quiere que los megarricos de Colombia, el 0,6 % de la población, paguen un centavo en 2026, después de que el gobierno de Duque les entregó 70 billones en subsidios financiados con deuda pública”, afirmó.

El mandatario concluyó que la oposición busca trasladar esa carga financiera a la mayoría de la ciudadanía mediante mayor endeudamiento del Estado y nuevas transferencias indirectas a los sectores de mayores ingresos.

Nuevo choque entre el Congreso y el Gobierno

En paralelo a la ofensiva jurídica del uribismo, se abrió un nuevo choque entre el Legislativo y el Ejecutivo. El presidente del Senado, Lidio García, defendió la facultad del Congreso para reunirse en sesiones extraordinarias y ejercer control político sobre la emergencia económica, argumentando que se trata de una medida que ya fue negada previamente en esa corporación.

Sin embargo, varios ministros cuestionaron esa interpretación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Congreso no puede iniciar el estudio del estado de emergencia mientras el Gobierno no haya enviado el informe oficial de la declaratoria y sus medidas, tal como lo establecen la Constitución y la Ley 137 de 1994. En el mismo sentido, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que el presidente del Senado estaría desconociendo la Ley Quinta de 1992 y lanzó duras críticas al liberal Lidio García, a quien acusó de actuar como un “títere” de otros sectores políticos.

Así, la emergencia económica no solo abrió un debate de fondo sobre impuestos y recaudo, sino que activó un frente jurídico y político que promete intensificarse en las próximas semanas, con la tutela anunciada por el uribismo y el control político que impulsa el Congreso como ejes centrales de la confrontación.