Familia Uribe critica el preacuerdo con ‘El Costeño’

Reacción de la familia Uribe ante preacuerdo judicial

La familia de Miguel Uribe ha expresado su profundo desacuerdo con la reciente decisión de un juez de Bogotá, que aprobó un preacuerdo con Elder José Arteaga, conocido como “El Costeño”, y William Fernando González, alias “El Hermano”, implicados en el asesinato del exsenador. Según la familia, el preacuerdo no solo carece de justicia, sino que además subestima la gravedad de los crímenes cometidos.

Decisión judicial y acusaciones graves

El juzgado consideró que el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y los acusados se ajustaba a la ley, otorgando penas de 26 y 21 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, María Claudia Tarazona, portavoz de la familia, cuestionó la legitimidad de esta decisión, argumentando que el crimen fue premeditado y que “El Costeño” fue el arquitecto de un plan cuyo objetivo era asesinar a Miguel Uribe. La familia sostiene que el crimen no se trató de un acto aislado, sino de un atentado concertado contra un actor democrático.

Descontento con la Fiscalía

Durante una entrevista, Tarazona manifestó su asombro ante la aceptación del preacuerdo por parte de la Fiscalía. Aseguró que en este caso no hubo un aporte significativo de información por parte de “El Costeño”, lo que debería haber sido un requisito para considerar cualquier pacto. Subrayó que su actuación en el proceso fue cuestionable, incluyendo el ocultamiento de pruebas y un comportamiento despectivo en las audiencias.

Apelación y expectativas futuras

La familia se prepara para apelar la decisión, confiando en que el preacuerdo será revocado en el tribunal superior. Tarazona destacó que la justicia debe ser una herramienta que sirva para prevenir futuros crímenes políticos y que el caso de Miguel Uribe sea tratado como un precedente para proteger a otros actores en el ámbito democrático. La familia también busca una colaboración más efectiva por parte del nuevo gobierno para esclarecer todos los aspectos del caso, incluyendo posibles implicaciones más amplias.

Un llamado a la justicia

Tarazona enfatizó la necesidad de una justicia proporcional a los delitos cometidos, subrayando que la democracia se fortalece cuando los criminales reciben castigos adecuados. La familia no solo busca justicia para Miguel, sino también una clarificación de la estructura criminal detrás de su asesinato, que podría ligar el caso a un crimen de Estado. La decepción respecto al preacuerdo y la esperanza en la apelación reflejan la lucha constante de la familia por lo que consideran un derecho inalienable: justicia.