La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y antiguo hombre de confianza del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario deberá responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos.
La acusación formal fue presentada ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Aunque González se encuentra prófugo en Nicaragua, participó de manera virtual en la audiencia, en la que la Fiscalía lo señaló como el supuesto articulador principal del millonario desfalco a la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.
De acuerdo con las investigaciones lideradas por María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, González habría desempeñado un papel central en el entramado de corrupción. Según la teoría del ente acusador, el exdirector del Dapre habría ordenado pagos ilegales y la entrega de contratos a congresistas con el fin de asegurar el respaldo legislativo a las iniciativas del gobierno Petro en el Congreso.
Entre los hechos que se le atribuyen, la Fiscalía mencionó las presuntas coimas ofrecidas y entregadas a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad por su supuesta implicación en el mismo caso. Inicialmente, según el ente investigador, se habría ordenado ofrecerles más de 60.000 millones de pesos provenientes de recursos de la Ungrd.
No obstante, la acusación señala que ese plan habría sido ajustado posteriormente. La urgencia por sacar adelante los proyectos del Gobierno en el Legislativo y la presión de los congresistas para recibir el dinero habrían llevado a modificar el monto y acelerar la entrega de los sobornos.
La Fiscalía indicó que los recursos tendrían su origen en un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua a comunidades vulnerables de La Guajira. Los sobrecostos en ese negocio habrían permitido el desembolso de 3.000 millones de pesos al senador Name y 1.000 millones al representante Calle, con la intermediación de otra alta funcionaria del Ejecutivo.
Se trata de Sandra Ortiz, quien en septiembre de 2023 se desempeñaba como consejera presidencial para las regiones. El ente acusador sostiene que Ortiz, hoy recluida en una guarnición policial en Bogotá, habría transportado maletas con dinero en efectivo que salió de manera irregular de la Ungrd y terminó en manos de congresistas señalados por corrupción.
En su escrito de acusación, la Fiscalía afirmó que con estas actuaciones se traicionaron las expectativas depositadas por la sociedad en Carlos Ramón González Merchán, quien ocupó uno de los cargos más relevantes del país y era considerado por la opinión pública como una de las figuras más cercanas al presidente de la República. Pese a que permanece prófugo en Nicaragua, el proceso judicial en su contra continuará su curso en Colombia.