La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este 12 de febrero al exalcalde de Santa Marta y actual candidato presidencial, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por supuestas anomalías en un contrato celebrado durante su administración (2012-2015).
El proceso está relacionado con un convenio suscrito en 2015 por un valor de 6.954 millones de pesos y con un plazo de ejecución de seis meses, cuyo objeto era la construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y en el barrio Ciudad Equidad.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, el entonces mandatario habría direccionado el proceso contractual en contravía de la normatividad vigente, lo que habría generado un posible detrimento para las finanzas del municipio.
De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual Caicedo habría solicitado la contratación directa de un arquitecto específico, mediante prestación de servicios, para la elaboración de los diseños del proyecto. No obstante, los productos entregados estarían incompletos y no incluirían elementos técnicos como paneles o placas prefabricadas de alta densidad para aislamiento térmico y acústico. Pese a esas falencias, se habría autorizado el pago total correspondiente a ese contrato.
El ente investigador también cuestionó que el proceso no se hubiera articulado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para cumplir con los lineamientos técnicos y de seguridad exigidos en infraestructura destinada a la primera infancia.
En cuanto a la adjudicación, la obra fue asignada al único proponente que participó en la licitación. Durante la ejecución, según la Fiscalía, surgieron diversas dificultades, entre ellas la falta de previsión de redes para gas natural, la ausencia de permisos para construir en un predio privado y la inexistencia de estudios de suelos y de sismorresistencia.
Para subsanar estas situaciones se firmaron 11 otrosíes y adiciones contractuales que sumaron 4.534 millones de pesos adicionales. La Fiscalía señaló que, una década después, el contrato no ha sido liquidado formalmente y que, aunque se ha desembolsado el 94 % de los recursos, las obras no han sido entregadas en su totalidad.