La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, informó que además se solicitará una medida de aseguramiento domiciliaria contra la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro. En el mismo proceso será imputado Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José.
En la mañana de este lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación confirmó que presentó la solicitud de audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, viceministra designada de las Juventudes del gobierno del presidente Gustavo Petro. La exfuncionaria es señalada de una presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, dentro de un proceso relacionado con la supuesta expedición de títulos universitarios falsos.
La radicación de la solicitud fue confirmada por la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, quien precisó que el ente acusador pedirá medida de aseguramiento domiciliaria tanto para Guerrero como para Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, también vinculado a la investigación.
La imputación se enmarca en el escándalo que rodea a la exviceministra, a quien se le atribuye haber presentado presuntos títulos falsos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que le habrían permitido ser designada como viceministra de las Juventudes.
De acuerdo con la fiscal Jaramillo Rivera, los documentos utilizados para la vinculación de Guerrero se hicieron públicos en agosto de 2025, aunque habrían sido expedidos el 1 de julio del mismo año, “sin el lleno de los requisitos legales”, pues, según la investigación, la exfuncionaria no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber exigidas.
El anuncio de la Fiscalía se produce dos semanas después de que la Fundación Universitaria San José manifestara públicamente su disposición a colaborar con las autoridades competentes, en especial con el Ministerio de Educación, “atendiendo todos los requerimientos formulados y contribuyendo activamente al esclarecimiento de la situación”.
En relación puntual con el caso de Juliana Guerrero, la Fundación San José aseguró que, en el marco de su autonomía universitaria, fue la propia institución la que detectó y denunció el presunto fraude. En noviembre de 2025, el consejo directivo de la universidad decidió anular los títulos otorgados a Guerrero, tras constatar que no existían registros de actividad académica, asistencia a clases ni evaluaciones en la plataforma virtual.