La Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso penal contra una magistrada del Tribunal Superior de Cartagena por un presunto caso de corrupción relacionado con el pago indebido de recursos públicos. Se trata de Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, quien fue imputada por su posible responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía.
De acuerdo con el ente acusador, los hechos se remontan al 10 de julio de 2013, cuando Ramírez Villanueva se desempeñaba como jueza laboral del circuito en Barranquilla, Atlántico. En ese entonces, presuntamente habría ordenado al Instituto de Seguros Sociales (ISS) el desembolso de COP 1.697 millones a favor de un pensionado, pese a que dicha obligación ya había sido cancelada y no existían deudas pendientes por parte del Estado.
Para la Fiscalía, la decisión adoptada por la funcionaria fue “abiertamente contraria a la ley”, al desconocer tanto las pruebas como la normatividad que demostraban que las mesadas pensionales que fundamentaban la orden ya habían sido pagadas de forma completa y dentro de los plazos establecidos. Además, señaló que la magistrada habría pasado por alto una determinación previa emitida por ella misma, en la que reconocía que esos pagos ya se habían efectuado.
Según explicó la Fiscalía, con esa actuación la funcionaria incrementó sin justificación el monto inicial de COP 571 millones que había liquidado en un auto del 24 de mayo de 2010, al incluir valores que ya habían sido desembolsados por el ISS y sumar intereses moratorios e indexación.
El ente investigador también indicó que el Tribunal Superior de Barranquilla ya se había pronunciado sobre el mismo proceso, concluyendo que el beneficiario había recibido la totalidad de los recursos que le correspondían. Esa instancia judicial, precisó la Fiscalía, señaló de manera expresa que el crédito debía fijarse en “cero”, dado que las obligaciones pensionales se encontraban plenamente cubiertas.
Finalmente, la Fiscalía sostuvo que, con su actuación, la hoy magistrada habría favorecido de manera irregular al pensionado, al ordenar un pago millonario que ya había sido realizado. “Permitió la apropiación de recursos públicos por concepto de mesadas que fueron canceladas oportunamente por el ISS, generando un detrimento patrimonial para el Estado”, concluyó el ente acusador.