El Gobierno nacional dio un nuevo paso para declarar un estado de emergencia económica, con el objetivo de enfrentar la falta de recursos en el Presupuesto General de la Nación para 2026, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
Así lo confirmó este viernes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República sobre tasas de interés. Según explicó, el Ejecutivo se encuentra en la fase final de estructuración de la declaratoria, que permitiría expedir decretos con fuerza de ley para crear impuestos y recaudar los COP 16,3 billones que hoy no tienen fuente de financiación.
“Confiamos en que la Corte Constitucional revise de manera rigurosa la propuesta y los decretos reglamentarios, y avale una decisión que consideramos sólida y debidamente sustentada”, señaló Ávila. El funcionario indicó que la declaratoria podría emitirse este mismo viernes, mientras que los decretos específicos se conocerían la próxima semana.
La posibilidad de acudir a un estado de excepción ha venido tomando fuerza en las últimas semanas, impulsada tanto por mensajes del presidente Gustavo Petro como por los debates legislativos que precedieron al fracaso de la ley de financiamiento en las comisiones económicas del Congreso.
Con la tributaria archivada, el presupuesto para 2026 quedó desfinanciado. En condiciones normales, esto obligaría al Gobierno a recortar o aplazar gastos por el monto faltante. Sin embargo, esa alternativa ha sido descartada por el Ejecutivo, pese a que varios analistas y académicos la consideran la opción más prudente desde el punto de vista fiscal.
Las razones detrás de la emergencia
Ávila aseguró que la situación fiscal del país se ha visto presionada por un crecimiento de los ingresos tributarios inferior al esperado, sumado a restricciones como la ley de garantías y el rechazo del Congreso a la reforma tributaria.
Frente a las críticas sobre la falta de hechos sobrevinientes que justifiquen la emergencia, el ministro sostuvo que no hay precedentes en las últimas tres décadas de un escenario en el que el Congreso apruebe un presupuesto condicionado a una ley de financiamiento y, meses después, niegue esa misma ley. “Esto termina siendo una trampa para el país”, afirmó.
El jefe de la cartera también mencionó impactos concretos en sectores sensibles. En salud, recordó que la Corte Constitucional ha ordenado equiparar la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado con la del contributivo, una medida que tendría un costo cercano a COP 3,3 billones.
Adicionalmente, advirtió sobre los riesgos en el pago de los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, especialmente en la región Caribe, así como en el cumplimiento de las vigencias futuras, que demandan pagos anuales cercanos a COP 15 billones, y en la atención de sentencias judiciales.
A este panorama se suma, según Ávila, una situación de seguridad nacional marcada por recientes ataques a la fuerza pública en departamentos como Cesar y Cauca, y por el uso de drones por parte de grupos armados ilegales. Esto, dijo, obliga a realizar inversiones inmediatas en tecnología y sistemas de defensa, como mecanismos antidrones, para proteger la infraestructura militar.