Gobierno estudia marchas y otras acciones tras la suspensión del decreto del salario mínimo

En la Casa de Nariño se comenzó a estructurar una hoja de ruta luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el decreto que fijó el aumento del salario mínimo. Esta es la orientación que evalúa el Ejecutivo.

Tras conocerse la decisión que dejó sin efectos temporales el decreto que elevaba el salario mínimo en 23 %, adoptada este viernes por el alto tribunal, el Gobierno Nacional inició el análisis de alternativas para enfrentar el impacto jurídico y político del fallo, además de proyectar la coyuntura en clave electoral.

El presidente Gustavo Petro afirmó que su gabinete y los sectores afines a su corriente política deben salir a plazas y calles para respaldar la vigencia del salario mínimo “vital”. El llamado ocurre cuando restan menos de cuatro semanas para la primera jornada electoral de 2026.

La simultaneidad entre la suspensión del decreto y las elecciones legislativas, junto con las consultas del 8 de marzo, forma parte del panorama que desde temprano se evaluó en la Casa de Nariño, con el fin de organizar acciones que amplíen el margen electoral de quienes buscan la continuidad inmediata de la izquierda en el poder.

En este contexto también aparece la propuesta de convocar una asamblea constituyente, iniciativa impulsada por el propio mandatario. Petro ha argumentado que durante su mandato otras ramas del poder no respaldaron su programa de gobierno y que, por ello, es necesario consolidar mayorías afines a sus planteamientos en distintas instancias institucionales.

El discurso crítico hacia la institucionalidad se ha reiterado desde la sede presidencial y ha señalado a entidades como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Congreso y, en algunos momentos, la Fiscalía y otros organismos, debido a que, en ejercicio de la separación de poderes consagrada en la Constitución, han frenado o modificado propuestas del Ejecutivo.

En su más reciente pronunciamiento, Petro sostuvo que suspender un decreto sobre el salario mínimo vital pone en riesgo el mandato constitucional que impide el deterioro del poder adquisitivo y limita las facultades del Gobierno en esta materia. Añadió que el poder judicial debe tener presente que el Ejecutivo responde al mandato ciudadano expresado en las urnas y a la Carta Política.

En la misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, retomó la tesis de un supuesto “bloqueo institucional”. El funcionario mencionó como ejemplos el trámite de la reforma pensional y la suspensión del primer decreto de emergencia económica, ambos en la Corte Constitucional; el archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Congreso; y la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir la participación de Iván Cepeda en las consultas de octubre.

Esa narrativa ha sido acogida por aspirantes cercanos al progresismo y por quienes integran la consulta del Frente por la Vida. El candidato Roy Barreras, quien ha tenido múltiples desencuentros con Cepeda, convocó a los sectores próximos al progresismo a movilizarse en defensa del salario mínimo, en sintonía con el mensaje promovido desde el Gobierno.

Desde el gabinete también se anunciaron acciones jurídicas. Armando Benedetti, ministro del Interior, informó que se interpondrá un recurso de reposición ante el Consejo de Estado con el propósito de evitar consecuencias adversas para los ingresos de los trabajadores. El jefe de la cartera política señaló que esta coyuntura constituye, además, un argumento adicional para impulsar cambios en la composición del Congreso.