El Gobierno colombiano adelanta una estrategia diplomática discreta pero activa en Estados Unidos con el objetivo de recomponer el diálogo con la administración del presidente Donald Trump, en especial frente a los señalamientos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional.
Luego de las declaraciones de Trump en las que advirtió que Colombia podría ser “susceptible” de acciones militares, desde la Casa de Nariño se han redoblado los esfuerzos para enviar un mensaje de cooperación y evitar un deterioro mayor en la relación bilateral. La estrategia busca desmontar percepciones negativas y reafirmar el compromiso del país en la lucha contra las drogas.
En este proceso han tenido un papel central el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. De acuerdo con fuentes diplomáticas, el embajador ha sostenido contactos en distintos círculos de poder en Washington con el fin de evitar que la situación política de Venezuela y la relación de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro terminen afectando la agenda bilateral con Colombia.
La preocupación del Gobierno colombiano es que, tanto en dependencias del Ejecutivo estadounidense como en el Congreso, se estén mezclando los temas regionales, lo que podría derivar en decisiones que perjudiquen a Bogotá. Por ello, la labor diplomática se ha centrado en diferenciar claramente los asuntos de Caracas de los de Colombia y en explicar las particularidades de la política antidrogas del país.
En esa misma línea, el ministro Benedetti reconoció que el mensaje del Gobierno no ha logrado llegar de manera efectiva a la Casa Blanca. En declaraciones radiales, señaló que en Washington persiste la percepción de que Colombia ha sido permisiva con el narcotráfico, una lectura que el Ejecutivo considera equivocada. No obstante, aseguró que las gestiones avanzan y que se espera un acercamiento formal en el corto plazo.
Como parte de esa estrategia, el Gobierno también evalúa contratar firmas de lobby en Estados Unidos que faciliten el acceso a interlocutores cercanos al alto mando político y permitan abrir canales directos de comunicación con la administración Trump.
Paralelamente, desde Bogotá se han impulsado acciones legislativas orientadas a enviar señales claras de cooperación. Una de ellas es el proyecto de ley radicado por los ministros Benedetti y Andrés Idárraga, encargado de Justicia, que propone crear un delito autónomo para castigar el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo.
La iniciativa plantea sanciones diferenciadas frente a esta sustancia y sus análogos, teniendo en cuenta su alta letalidad y su impacto en la salud pública, la seguridad ciudadana y el orden social. Con esta propuesta, el Gobierno busca reforzar su postura frente a uno de los temas más sensibles para Estados Unidos y fortalecer su credibilidad en la agenda antidrogas.
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