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El Gobierno Nacional, en el contexto de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas programadas para el próximo 8 de marzo, ha decidido ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos. Esta medida busca identificar y capturar a aquellos que perpetran delitos que atentan contra la transparencia electoral. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras un Consejo de Seguridad y Paz celebrado el 18 de febrero, donde se abordó la necesidad de combatir la compra de votos y otros delitos electorales.
El ministro estableció que la recompensa se otorgará a quienes proporcionen información precisa que permita la captura y judicialización de autores de delitos como violencia, amenazas y coacción al votante. Asimismo, se premia a quienes den alertas sobre actividades de compra de votos, corrupción electoral, fraude y suplantación, así como el voto ilegal.
Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, participó en el Consejo de Seguridad, presentando un análisis sobre el contexto electoral en Norte de Santander. Durante su intervención, Marín destacó los problemas de seguridad derivados de la actividad de grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el frente 33 de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y Los Pachenca. Se identificaron cuatro riesgos específicos que amenazan el proceso electoral en la región.
El primer riesgo señalado por Marín está relacionado con el proselitismo político, donde las acciones de campaña pueden verse afectadas por seguimientos e intimidaciones. El segundo riesgo se refiere a las barreras para ejercer el derecho al voto, citando la existencia de minas antipersona, el uso de drones y retenes ilegales, que dificultan el acceso de la población rural a los puestos de votación.
El tercer riesgo mencionado tiene que ver con el desplazamiento forzado ocurrido desde enero de 2025, lo que podría afectar el censo electoral. Las personas desplazadas que se encuentran en diferentes territorios podrían no poder ejercer su derecho al voto. Finalmente, el cuarto riesgo es la violencia digital, con señalamientos a ciertas candidaturas vinculadas a grupos armados.
La defensora del pueblo también advirtió sobre ataques a la población y autoridades del Pueblo Barí, así como la situación de los líderes comunales en municipios como El Tarra y Tibú, quienes enfrentan intimidaciones de grupos ilegales.
Marín instó a que se adoptaran medidas efectivas para garantizar el derecho al voto de aquellas personas en centros de detención transitoria y que los puestos de votación en zonas afectadas por la ola invernal, como en el departamento de Córdoba, sean restablecidos. A su vez, pidió que se protejan los derechos a la protesta y a la manifestación pacífica, dado que el Día Internacional de la Mujer coincide con la jornada electoral del 8 de marzo.
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