El Ejecutivo ratificó su intención de mantener el incremento del 23 % en el salario mínimo, al tiempo que anunció medidas de respaldo para el sector empresarial. Los ministros de Trabajo y Hacienda sostuvieron un encuentro con representantes de gremios y organizaciones sindicales para discutir el ajuste.
Luego de que el Consejo de Estado ordenara expedir un nuevo decreto con una cifra transitoria para el aumento, el presidente Gustavo Petro convocó a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
En esta instancia participan delegados del Gobierno —a través del Ministerio de Trabajo—, las centrales obreras (CUT, CGT y CTC) y los principales gremios empresariales como la ANDI, Acopi, Fenalco y la SAC.
La reunión, anunciada el domingo en la noche por el mandatario, buscó acercar posiciones en torno a un incremento que, según el Ejecutivo, debe favorecer tanto a trabajadores como a empleadores y a la economía en su conjunto. Por ello también asistió el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Al término del encuentro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que existe una postura mayoritaria en defensa del incremento del 23 % —que asciende a 23,7 % si se incorpora el ajuste del auxilio de transporte—. Señaló que no solo el Gobierno respalda la cifra, sino también representantes sindicales y empresariales.
Sanguino sostuvo que mantener el aumento aporta estabilidad al mercado, ya que el nuevo ingreso ya fue incorporado en las proyecciones y dinámicas de muchas compañías.
Desde el sector comercial, Fenalco advirtió que el alza podría poner en riesgo más de 700.000 empleos formales. Frente a este escenario, el ministro Ávila indicó que el Gobierno impulsará líneas de crédito con condiciones favorables para micro, pequeñas y medianas empresas, así como el fortalecimiento de programas de promoción del empleo liderados por el Ministerio de Trabajo.
El titular de Hacienda agregó que, para la administración, el concepto de salario vital constituye un derecho adquirido, por lo que no sería apropiado revertirlo.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en representación del Comando Nacional Unitario, afirmó que el decreto expedido por el Gobierno cumple con las garantías jurídicas y beneficia de manera directa a cerca de tres millones de trabajadores y a 1,2 millones de pensionados.
En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reiteró que la medida impacta con fuerza a las empresas, especialmente a las mipymes. Cuestionó que las ayudas a los empresarios se planteen ahora y advirtió que la informalidad podría agravarse, dado que aumenta el umbral de cotización al sistema de seguridad social.
Según una encuesta citada por Cabal, el 71 % de las mipymes estaría en proceso de reducir personal o ya lo hizo, mientras que un 8 % ha cerrado o se encuentra cerrando parcialmente puntos de venta.
Aunque la reunión no era obligatoria desde el punto de vista legal, el Gobierno consideró pertinente convocarla para recoger insumos que serán incorporados en el nuevo decreto que se expedirá en los próximos días. Sanguino destacó que el diálogo fue respetuoso y permitió debatir tanto el pronunciamiento del Consejo de Estado como la situación económica actual.
La decisión del Consejo de Estado
El alto tribunal admitió varias demandas contra el decreto que fijó el aumento, al considerar que no se ajustó plenamente a las variables técnicas establecidas en la Ley 278 de 1996: inflación proyectada, crecimiento del PIB, productividad y participación de los salarios en el ingreso nacional.
En su lugar, el Gobierno fundamentó el incremento en el concepto de salario mínimo vital. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo vigente en 2025 estaba alrededor de 28 % por debajo del ingreso necesario para cubrir necesidades básicas familiares.
Con base en ese análisis se definió el aumento del 23 %, dado que, según explicó previamente el ministro Sanguino, un ajuste del 28 % habría resultado excesivo.
El presidente Petro ha reiterado que la cifra cuenta con respaldo técnico —el estudio de la OIT— y jurídico, citando la sentencia C-815 de 1999 y el artículo 53 de la Constitución, que consagran el principio de una remuneración mínima, vital y móvil.
Aunque acatará la orden del Consejo de Estado, el mandatario anunció que insistirá en el mismo porcentaje, esta vez con una fundamentación reforzada.
¿Cómo se calculó el 23 %?
El Gobierno ha explicado que el incremento no fue arbitrario. Tanto el presidente como el ministro de Trabajo han señalado que la cifra deriva de un cálculo técnico basado en la recomendación de la OIT sobre el salario vital, un indicador distinto al salario mínimo legal porque estima el ingreso requerido para cubrir efectivamente la canasta básica.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, un adulto necesita consumir al menos 2.856 calorías diarias, lo que equivale a un gasto mensual aproximado de COP 394.819 en alimentación. Para un hogar de cuatro personas, el costo asciende a COP 1.288.654.
En vivienda digna —considerando espacio, materiales y condiciones adecuadas— el costo promedio se estima en COP 143.099 por persona, es decir, COP 587.192 para una familia de cuatro integrantes. Sumando servicios públicos (COP 124.588), el total en este componente alcanza COP 711.780.
A ello se agregan gastos en salud, educación y otros rubros esenciales como transporte, vestuario, aseo y comunicaciones. Estos representan COP 154.606 por persona y COP 827.549 adicionales para el hogar.
En conjunto, el ingreso mensual requerido para un salario mínimo vital y móvil para una familia de cuatro personas se calcula en COP 2.982.960. Con estas cifras, el Ministerio y las centrales obreras sostienen que el salario mínimo actual aún se ubica por debajo del umbral que organismos internacionales consideran necesario para cubrir las necesidades básicas.