El Gobierno nacional oficializó la salida de Adith Rafael Romero Polanco como director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, luego de poco más de siete meses al frente de la entidad.
La decisión quedó formalizada en el Decreto 055 del 22 de enero de 2026, expedido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en el que se declara insubsistente su nombramiento.
Romero Polanco había asumido el cargo en mayo de 2025, en medio de fuertes cuestionamientos públicos relacionados con su perfil profesional y su experiencia para dirigir una institución clave en la política de reparación a las víctimas del conflicto armado. En ese momento, distintos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil señalaron que gran parte de su trayectoria laboral había estado vinculada a labores de escolta.
Con la salida de Romero, la dirección de la Unidad de Víctimas será asumida de manera provisional por Breiner Rafael Osorio Pinto, quien actualmente se desempeña como asesor del despacho del director del DPS y quedará encargado de la entidad.
La Unidad para las Víctimas tiene a su cargo la coordinación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral de más de nueve millones de personas reconocidas oficialmente como víctimas del conflicto armado en Colombia.
En las últimas semanas, la entidad ha estado en el centro de la controversia por diversos señalamientos sobre su funcionamiento. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció la adjudicación directa de un contrato por más de 112.000 millones de pesos a una unión temporal que, según afirmó, no contaría con experiencia jurídica comprobada para prestar servicios de defensa judicial a la Unidad, lo que generó cuestionamientos sobre los criterios técnicos y los mecanismos de control en la contratación.
Adicionalmente, desde la llegada de Romero Polanco a la dirección, medios nacionales e internacionales como El País de España y la revista Semana han divulgado investigaciones sobre un presunto entramado de corrupción asociado a la entrega de cuotas políticas. En estos señalamientos se mencionan a los senadores Gustavo Moreno y Jairo Castellanos, del partido Alianza Verde, así como al exalcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach.