Guarderías en EE. UU. bajo la lupa por presunto fraude: un nuevo frente de Trump contra los demócratas

Un video que se volvió viral en redes sociales, en el que se denuncia la existencia de supuestas guarderías fantasma en Estados Unidos, desató una serie de operativos federales en Minnesota y se convirtió en una nueva pieza dentro de la ofensiva política y migratoria impulsada por Donald Trump contra estados gobernados por demócratas.

Agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificaron en los últimos días sus acciones en Minneapolis para investigar posibles irregularidades en centros de cuidado infantil que reciben fondos públicos. Muchos de estos establecimientos están administrados por integrantes de la comunidad somalí, lo que ha elevado la tensión política y social en el estado.

El origen del escándalo fue un video difundido por Nick Shirley, creador de contenido conservador conocido por su discurso antiinmigrante. En las imágenes, Shirley recorre varias guarderías en Minnesota y afirma que muchas no operan realmente, a pesar de recibir recursos del programa estatal de asistencia para el cuidado infantil (CCAP). El video muestra edificios cerrados o sin niños, lo que el youtuber presenta como evidencia de un presunto fraude a gran escala.

El contenido se propagó con rapidez y fue amplificado por figuras influyentes del entorno republicano. El vicepresidente JD Vance compartió el video y acusó a los responsables de “robar dinero y poder político” a los ciudadanos de Minnesota. Elon Musk también contribuyó a su viralización. Poco después, el DHS anunció que había desplegado agentes en el estado para investigar lo que calificó como un “fraude generalizado” en guarderías y otros programas sociales.

La respuesta de las autoridades estatales

Desde Minnesota, funcionarios y expertos en regulación del cuidado infantil han puesto en entredicho tanto las conclusiones como la metodología empleada en el video. Tikki Brown, comisionada del Departamento de Niñez, Juventud y Familias del estado, afirmó que cualquier señal de fraude debe investigarse, pero expresó serias dudas sobre cómo se obtuvo la información.

Según reportes posteriores de medios locales y nacionales, la mayoría de los centros señalados por Shirley contaban con licencias vigentes y habían sido inspeccionados por reguladores estatales en los meses recientes. Algunos de los establecimientos que aparecían cerrados lo estaban fuera de su horario habitual, un contexto que no fue aclarado en el video original. Otros habían cesado actividades temporalmente o reabierto después.

En Minnesota, las guarderías están sometidas a inspecciones frecuentes —muchas de ellas sin previo aviso— y a rigurosos controles administrativos. Además, los recursos del CCAP se asignan en función del número de niños inscritos y no de la cantidad presente en un momento específico, por lo que la ausencia de menores durante una visita puntual no constituye, por sí sola, una prueba de fraude.

Trasfondo político y migratorio

Pese a estas aclaraciones, el video sirvió como detonante para una respuesta federal más amplia. El FBI y el DHS confirmaron el refuerzo de personal y la reactivación de investigaciones que, según las agencias, ya estaban abiertas. El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que las irregularidades detectadas podrían ser “solo la punta del iceberg” y aseguró que se seguirá la ruta del dinero.

Este endurecimiento se enmarca en una estrategia más amplia del expresidente Trump contra Minnesota, un bastión demócrata que alberga la mayor comunidad somalí de Estados Unidos. En semanas recientes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha ejecutado operativos focalizados contra inmigrantes somalíes indocumentados, mientras Trump ha reiterado públicamente su rechazo a esa comunidad, con declaraciones que han sido calificadas como estigmatizantes.

El gobernador Tim Walz respondió acusando al gobierno federal de utilizar las denuncias de fraude como pretexto para atacar a los inmigrantes. “Toda ayuda para investigar delitos reales es bienvenida, pero convertir esto en un espectáculo mediático y señalar a comunidades enteras no resuelve el problema”, afirmó, subrayando que su administración ha fortalecido los mecanismos de control del gasto público.

El contexto reciente del estado añade sensibilidad al debate. Minnesota fue escenario del mayor fraude conocido relacionado con ayudas durante la pandemia, el caso Feeding Our Future, que involucró cerca de 250 millones de dólares y terminó con decenas de condenas. Aunque muchos de los implicados eran de origen somalí, líderes comunitarios insisten en que se trató de una minoría y advierten contra la generalización.

Organizaciones de derechos civiles alertan que este tipo de narrativas tienen efectos inmediatos más allá de los procesos judiciales. “Cuando se estigmatiza a toda una comunidad, las familias viven con miedo, los negocios se resienten y se debilita la confianza en las instituciones”, advirtió Jaylani Hussein, director en Minnesota del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses.