Tras la declaratoria de emergencia económica emitida por el Gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2025, el Senado decidió convocar a varios ministros a un debate de control político para que explicaran las razones y alcances de la medida. Sin embargo, el proceso se encuentra estancado y, hasta el momento, no se ha definido una nueva fecha para que el gabinete comparezca ante el Legislativo.
La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria y virtual de la plenaria del Senado, en la que se acordó citar a distintos jefes de cartera para responder los cuestionamientos de los congresistas. Los ministros tenían plazo hasta el 31 de diciembre para remitir por escrito sus respuestas, pero, según el senador Carlos Motoa, de Cambio Radical, ese cronograma no se ha cumplido.
Motoa, uno de los principales impulsores del debate, aseguró que varios ministerios no solo dejaron vencer los plazos, sino que algunos solicitaron extensiones sin justificación suficiente. De acuerdo con el senador, las carteras de Agricultura, Igualdad y Culturas pidieron prórrogas, mientras que otras no enviaron ninguna respuesta. El Ministerio de Justicia habría sido el único en cumplir con el requerimiento del Senado.
Inicialmente, el debate estaba previsto para el 29 de diciembre, pero los ministros no asistieron. Desde el Gobierno se argumentó que no se había respetado el término legal de cinco días entre la entrega de las respuestas y la realización de la citación, lo que impidió que la sesión se llevara a cabo.
A 4 de enero, Motoa señaló que aún no existe una nueva convocatoria formal. Por esta razón, anunció que enviará una comunicación al presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, solicitando que se programe cuanto antes el debate. “Es un desgaste, pero toca insistir y estar encima del tema”, afirmó el congresista.
Días atrás, el senador ya había advertido que esta situación podría constituir un incumplimiento del artículo 135 de la Constitución Política, al considerar que los ministerios no han mostrado disposición para rendir cuentas ante el Congreso. A su juicio, la falta de respuesta refleja una escasa voluntad de control político por parte del Ejecutivo.
La emergencia económica decretada por el Gobierno incluye medidas de carácter tributario, como impuestos al patrimonio, ajustes en el IVA y gravámenes al consumo de licores y tabaco. Con este paquete, el Ejecutivo busca recaudar cerca de 11 billones de pesos destinados a financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026.