Imputan a exfuncionarios del Atlántico por contrato de 200 cascos valorado en $1.000 millones

Dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y un contratista fueron vinculados por la Fiscalía General de la Nación a un proceso penal por presuntas anomalías en un contrato destinado al suministro de 200 cascos para lanchas de pesca artesanal, cuyo valor superó los 1.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el contrato habría sido orientado para favorecer a una fundación privada que no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica necesarias para ejecutar la construcción de las embarcaciones.

Este martes 10 de febrero, la Fiscalía imputó cargos al exasesor financiero Jorge Luis Sampayo Herrera y a la exasesora jurídica Gertrudis María Peralta Vásquez, a quienes se les atribuyen los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. En el mismo proceso fue vinculado el contratista Julio César Altamar Rodríguez, señalado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.

Según el ente acusador, el material probatorio indica que el contrato, firmado en julio de 2014, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación representada por Altamar Rodríguez, la cual no reunía las condiciones de idoneidad exigidas para la construcción de embarcaciones.

La Fiscalía sostuvo que, presuntamente, el contratista presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla con información falsa, con el fin de acreditar una experiencia que no tenía y así cumplir uno de los requisitos habilitantes del proceso contractual.

Asimismo, se indicó que Sampayo Herrera y Peralta Vásquez integraron el comité evaluador que avaló que la fundación cumplía con todos los requisitos exigidos, pese a que, según la investigación, dicha condición no se ajustaba a la realidad, permitiendo así la viabilidad de la propuesta.

Adicionalmente, la Fiscalía estableció que el contrato fue suspendido, lo que permitió que el plazo inicial de ejecución, fijado en 30 días, se extendiera de forma indefinida, presuntamente para darle a la fundación el tiempo necesario para fabricar y entregar los 200 cascos contratados.