Imputan al excónsul Luis Acosta Ossio por presunto soborno en el caso Unimetro

Luego de años marcados por aplazamientos, rotación de fiscales y estrategias que mantuvieron el proceso al borde de la prescripción, la justicia imputó en contumacia a Luis Fernando Acosta Ossio por el delito de tráfico de influencias. El proceso está vinculado al escándalo conocido como caso Unimetro, por el cual ya fue condenado el exsenador Eduardo Pulgar.

Acosta Ossio, quien se desempeñó como cónsul de Polonia y actualmente preside el Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, es señalado de haber promovido un intento de soborno a un juez con el fin de asegurar decisiones judiciales que le permitieran mantener el control de la institución universitaria y de su hospital.

La imputación se realizó sin la presencia del procesado, luego de que la Fiscalía acreditara que el excónsul evadió de forma reiterada los llamados judiciales. Según el ente investigador, la oferta irregular habría sido canalizada a través del entonces senador Eduardo Pulgar, quien aceptó cargos y fue condenado en 2021. Actualmente, el excongresista se encuentra en libertad condicional por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, Pulgar fue un actor determinante dentro del esquema, cuyo objetivo era influir en el juez Andrés Fernando Rodríguez para obtener fallos favorables a Acosta Ossio, en medio de una disputa familiar por el manejo administrativo de la Universidad Metropolitana.

Durante una audiencia reciente, la jueza Luz Adriana Flórez Rodríguez imputó a Acosta Ossio como determinador de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, y acogió la solicitud de declararlo en contumacia. La funcionaria judicial advirtió que el proceso estuvo atravesado por maniobras dilatorias sistemáticas que impidieron su avance durante varios años.

El expediente tuvo ocho cambios de fiscales y solo logró reactivarse tras una acción de tutela que obligó a la Fiscalía General de la Nación a adoptar una decisión de fondo, ante el inminente riesgo de prescripción. Dicha tutela fue resuelta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los puntos más controvertidos del proceso fue la presentación reiterada de incapacidades médicas por parte de la defensa del excónsul para justificar su ausencia en diligencias judiciales. Estas situaciones motivaron la apertura de investigaciones contra médicos y centros de salud, por una posible comisión de fraude procesal, según informó la Fiscalía.

Las víctimas del caso han cuestionado que, pese a la gravedad de los señalamientos —que involucran a un alto directivo universitario imputado por corrupción—, el Ministerio de Educación no haya adoptado medidas administrativas. Esta falta de intervención ha permitido que Acosta Ossio continúe ejerciendo control sobre la Universidad Metropolitana.

Durante la audiencia, la jueza Flórez Rodríguez señaló que, desde ese momento, “Luis Fernando Acosta Ossio queda formalmente vinculado a la investigación penal como presunto determinador del delito de tráfico de influencias en concurso con cohecho, con circunstancias de mayor y menor punibilidad”.

En el mismo sentido, el Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá concluyó que las incapacidades médicas presentadas por el imputado presentaban inconsistencias y que su conducta reflejaba una estrategia dilatoria sostenida, que impidió la realización de la audiencia de imputación durante más de dos años.

El trasfondo del caso Unimetro

El denominado caso Unimetro se originó en una fractura interna dentro de la familia Acosta Bendeck por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y de su hospital universitario. Lo que inició como una disputa sucesoria tras la muerte del exsenador Gabriel Acosta Bendeck, fundador del proyecto educativo, derivó en uno de los escándalos judiciales más complejos del Caribe colombiano.

El conflicto giró en torno a la Fundación Acosta Bendek, entidad que administra la universidad y el hospital. Aunque la representación legal recaía en Ivonne Acosta, hija del excongresista, otros miembros de la familia habrían asumido el control de la fundación, desplazándola a ella y a su esposo, Carlos Jaller, bajo señalamientos de presuntos desfalcos.

En ese contexto, se produjeron actuaciones administrativas y judiciales hoy cuestionadas. Una de las más polémicas ocurrió el 10 de noviembre de 2016, cuando se convocó una reunión extraordinaria del consejo directivo para nombrar nuevas directivas universitarias. Según la investigación, a ese encuentro asistieron personas sin competencia legal, pese a advertencias sobre su ilegalidad, y de allí surgieron designaciones que hoy están bajo escrutinio penal.

El conflicto escaló hasta involucrar a funcionarios judiciales. Tres de ellos —los jueces Rafael Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado, así como el fiscal Gustavo Adolfo Orozco Pertuz— fueron imputados en 2020 por prevaricato y fraude procesal, al considerar la Fiscalía que habrían emitido decisiones irregulares para favorecer a uno de los bandos familiares.

El punto culminante del caso fue la condena del exsenador Eduardo Pulgar, hallado culpable de intentar sobornar con 200 millones de pesos al juez Andrés Fernando Rodríguez. El intento quedó al descubierto gracias a una grabación realizada por el propio juez, cuyos audios se convirtieron en prueba clave del proceso.

Desde entonces, el caso Unimetro se consolidó como un entramado de influencias políticas, judiciales y familiares, cuyas consecuencias continúan resolviéndose en los estrados judiciales.