Un reporte elaborado por el personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos concluyó que la administración de Donald Trump desembolsó más de USD 30 millones en acuerdos para trasladar migrantes a terceros países, es decir, naciones distintas a sus lugares de origen. En algunos casos, el costo superó el millón de dólares por persona deportada.
El documento fue impulsado por la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en esa comisión, y constituye uno de los análisis más detallados sobre este tipo de convenios. Según el informe, la revisión surge en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en los términos y condiciones de dichos acuerdos.
Más traslados, mayores costos
El informe sostiene que Estados Unidos ha concretado pactos o ha realizado envíos de migrantes a más de 20 destinos distintos, y que el Gobierno buscaba ampliar este esquema a decenas de países adicionales.
Solo cinco acuerdos —con Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau— representaron más de USD 32 millones en desembolsos. Parte de esos recursos se entregó mediante pagos únicos, en algunos casos antes de que los migrantes llegaran efectivamente a los países receptores.
En conjunto, estas cinco naciones recibieron sumas cercanas al millón de dólares cada una, aunque únicamente acogieron a cerca de 300 personas trasladadas desde territorio estadounidense, lo que ha generado cuestionamientos sobre la relación entre el gasto público y el número de deportados.
Entre esos países, El Salvador concentró el mayor número de migrantes no originarios recibidos, con aproximadamente 250 personas, tras una subvención de USD 4,76 millones destinada a su reclusión. La administración justificó estos envíos señalando presuntos vínculos con el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales, afirmaciones que familiares y allegados han desmentido en varios casos, según reportes citados por CNN.
Uso de aviones militares y cuestionamientos de eficiencia
El documento también advierte que los costos se incrementaron por el empleo de aeronaves militares de alta capacidad y elevado gasto operativo, incluso cuando el número de pasajeros era reducido y podrían haberse utilizado vuelos comerciales u opciones más económicas.
Hasta enero de 2026, apenas 51 personas habían sido trasladadas a los otros cuatro países mencionados. En el caso de Ruanda, que recibió USD 7,5 millones, solo siete nacionales de terceros países fueron enviados allí, lo que implica un costo superior a USD 1 millón por cada deportado.
El informe incluye ejemplos considerados ineficientes: un ciudadano mexicano fue enviado desde Estados Unidos a Sudán del Sur y posteriormente regresado a México. En otro caso, un jamaiquino con orden de deportación a su país fue trasladado a Eswatini —con un costo estimado de más de USD 181.000— y semanas después retornado a Jamaica.
Riesgos para derechos humanos
Además del impacto fiscal, el reporte señala posibles riesgos para los derechos humanos al enviar migrantes a países con antecedentes problemáticos en esa materia. Como ejemplo, menciona casos de venezolanos deportados a la megacárcel de El Salvador, donde, según Human Rights Watch, se habrían registrado abusos y malos tratos.
El análisis concluye que este esquema representa un gasto elevado que, según sus autores, no necesariamente refuerza la seguridad nacional y expone a los migrantes a situaciones de vulnerabilidad en destinos que no siempre garantizan condiciones adecuadas.