Colombia está dejando atrás la etapa de los grandes corredores viales de cuarta generación (4G) para ingresar a una nueva fase de infraestructura 5G, caracterizada por proyectos más pequeños, variados y complejos en su ejecución financiera y jurídica. Se trata de una transición menos visible que las grandes inauguraciones del pasado, pero clave para la sostenibilidad del sector en el mediano y largo plazo.
Así lo plantea el más reciente informe del Grupo Cibest de Bancolombia, que analiza el cambio estructural de un modelo basado en pocos megaproyectos hacia un portafolio más fragmentado y multimodal, con mayores exigencias de coordinación y gestión de riesgos.
De la expansión vial a la diversificación multimodal
El giro no supone una pérdida de protagonismo del sector, sino un cambio de lógica. El esquema concesional colombiano se ha construido por etapas. En los años noventa, la primera generación (1G) abrió la puerta al capital privado con proyectos enfocados en construir y rehabilitar vías estratégicas. La segunda generación (2G) funcionó como un período de ajuste, con menor escala y aprendizajes en la asignación de riesgos.
Posteriormente, la tercera generación (3G) incrementó la complejidad técnica con ampliaciones, modernizaciones y mayores estándares de conectividad. Entre la 1G y la 3G se intervinieron cerca de 1.399 kilómetros, que aún soportan buena parte de la red troncal del país.
La cuarta generación (4G) llevó este proceso a su punto máximo en tamaño, visibilidad y financiación. En contraste, la 5G redefine el mapa: los proyectos son más reducidos en kilómetros y en inversión (CAPEX), pero mucho más diversos. Incluyen carreteras, infraestructura urbana, sistemas férreos, fluviales y aeroportuarios, con esquemas de pago y cronogramas diferenciados.
El impulso total ronda los COP 30 billones, pero ya no se concentra en unos pocos contratos emblemáticos, sino en una canasta amplia de iniciativas. Aun así, el avance es limitado: a septiembre, el progreso agregado apenas alcanzaba el 20 %, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
Señales de recuperación, aunque desiguales
Los indicadores recientes muestran que el sector dejó atrás su punto más bajo. El Índice de Producción de Obras Civiles (IPOC) del DANE regresó en 2024 a niveles cercanos a su promedio histórico, tras el ciclo más dinámico observado entre 2013 y 2019. Para 2025 y 2026 se proyectan crecimientos de 10 % y 7 %, respectivamente, cifras positivas pero inferiores al auge de la era 4G.
La recuperación, sin embargo, no ha sido uniforme. Hasta el tercer trimestre de 2024, el sector pasó de una contracción de -12,3 % en 2023 a un crecimiento de 11,6 % en 2024 y 9 % en 2025. El repunte se concentró en frentes específicos, mientras otros continúan afectados por retrasos en estructuración, servidumbres, licencias ambientales y coordinación institucional.
Durante 2025, el mayor impulso provino de carreteras, obras en minas y centrales eléctricas. En contraste, perdieron dinamismo la infraestructura de comunicaciones de larga distancia, las líneas eléctricas, los sistemas de riego y la infraestructura deportiva.
Más fragmentación, nuevos riesgos
En el componente vial, los resultados fueron mixtos. Los túneles y las pistas aeroportuarias mostraron una fuerte recuperación, coherente con proyectos que entraron en fases finales o se reactivaron tras periodos de baja ejecución. Por el contrario, los puentes y las carreteras elevadas desaceleraron su crecimiento, reflejando un giro hacia frentes más atomizados de mantenimiento, mejoramiento y ejecución por unidades funcionales.
Este cambio, señala el informe, modifica la matriz de riesgos: disminuye la concentración en pocos contratos de gran escala, pero aumenta la exposición operativa asociada a cronogramas, permisos, interferencias, coordinación con terceros y una mayor sensibilidad a ajustes, adiciones y reclamaciones.
En energía y actividades industriales, las centrales eléctricas lideraron el ciclo reciente. A medida que más proyectos alcanzaron la entrada en operación, la ejecución se sostuvo y el sistema ganó robustez.
Paralelamente, comienza a tomar forma una oportunidad en infraestructura social. Equipamientos urbanos vinculados a cultura, deporte bajo techo, centros de eventos y entretenimiento emergen como motores de renovación urbana y turismo.
Materiales y costos: el pulso del sector
El comportamiento de los materiales confirma el momento del ciclo. El concreto premezclado para obras civiles volvió a crecer en el acumulado de doce meses a noviembre de 2025, con un aumento cercano al 1,4 %, tras haber caído 5,1 % en 2024.
La mezcla asfáltica también salió de terreno negativo y registró un crecimiento nacional de 0,2 %. No obstante, la lectura regional es clave: la infraestructura vial urbana avanzó 3 %, mientras la interurbana retrocedió 3 %, lo que sugiere una reactivación gradual, primero en lo urbano y luego en corredores más amplios.
En lo territorial, el Valle del Cauca destacó con un crecimiento cercano al 32 % en mezcla asfáltica, en línea con un entorno logístico dinámico. Bogotá registró una caída aproximada de 1,2 %, reflejo de restricciones operativas en una ciudad altamente congestionada. Cundinamarca mostró señales de recuperación y Antioquia avanzó a un ritmo inferior al promedio nacional.
Todo esto ocurre en un entorno de costos más exigente. El índice de costos del DANE creció 4 % anual a noviembre de 2025, impulsado principalmente por la mano de obra. El aumento del salario mínimo y la indexación de tarifas presionan los márgenes de los contratistas, que enfrentan dificultades para trasladar esos mayores costos a contratos ya firmados.
Los insumos —que representan cerca del 44 % de la estructura de costos— subieron 3,5 %, con el concreto como principal aporte, mientras que los equipos, con una participación del 12 %, encarecieron 6 %, en un contexto de menor uso de maquinaria pesada en algunos frentes.
Restricciones fiscales y nuevas fuentes de financiamiento
De cara a 2026, el financiamiento aparece como uno de los principales límites. Entre enero y octubre de 2025, el sector Transporte comprometió 78,2 % de su presupuesto, pero solo ejecutó 33,2 % en pagos, evidenciando rezagos y tensiones de caja. En la ANI, los compromisos llegaron a 80,1 %, con pagos del 27,8 %, y en el Invías a 73,7 % comprometido frente a 39,6 % pagado.
Las vigencias futuras siguen siendo la base de los grandes proyectos, pero ya no son suficientes. A ellas se suman APP, obras por impuestos, valorización, peajes y el mercado de capitales, cada uno con alcances y restricciones.
Los años entre 2026 y el inicio de la década de 2030 concentrarán pagos relevantes de proyectos ya adjudicados. Más adelante, el espacio fiscal se estrecha, lo que desplaza el foco hacia la eficiencia en la ejecución, la optimización y la refinanciación, más que hacia una expansión agresiva del portafolio.
En ese contexto, la infraestructura 5G perfila un sector que avanza con mayor cautela y complejidad. Se aleja del protagonismo de la megaobra para incorporar un enfoque más social y multimodal, donde las licencias y las consultas siguen siendo esenciales, pero también uno de los cuellos de botella que más ha ralentizado el cambio de escala.