Indignación por el Cierre de la Unidad de Investigación
La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de desmantelar la unidad encargada de investigar las adopciones ilegales durante la dictadura chilena ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de víctimas. Marisol Rodríguez, presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), expresó: “Este cierre es un balde de agua fría que dificulta el camino a la verdad.”
Contexto de la Unidad de Búsqueda
La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) fue establecida en febrero de 2026, justo antes de la transición de gobierno. Su misión era coordinar los esfuerzos entre diferentes instituciones en la búsqueda de los más de 20,000 niños que se estima fueron sustraídos durante el régimen de Pinochet. Rodríguez advirtió que la organización tiene más de 10,000 casos identificados y más de 1,600 causas judiciales en curso.
Prácticas de Adopciones Ilegales
Aunque la documentación sobre estas prácticas se remonta a la década de 1950, el auge en adopciones irregulares ocurrió en los años de la dictadura, involucrando a médicos, autoridades y religiosos. Las primeras denuncias surgieron en 2014, pero fue en 2018 cuando se inició una investigación formal. Hasta mediados de 2025, se confirmaron redes de adopciones ilegales y se procesaron a varias personas por sustracción ilegal de menores.
Informe Revelador de Noruega
La noticia del cierre de la unidad coincide con un informe del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega, que reporta 314 adopciones irregulares de menores chilenos entre 1985 y 2016, con un foco especial en la población indígena mapuche. La presidenta de HMS subrayó que “hemos sido una fábrica de niños para el exterior,” resaltando la magnitud de la crisis.
Recortes en el Presupuesto Público
Desde su llegada al poder en marzo, Kast ha implementado severos recortes fiscales en la administración pública, incluyendo el desmantelamiento de esta unidad. Esta decisión ha despertado alarmas, especialmente porque durante el gobierno anterior de Gabriel Boric se prometieron avances en temas relacionados con derechos humanos y la creación de un banco público de ADN, que facilitaría la búsqueda de los orígenes para quienes tienen dudas sobre su historial familiar.
Reacciones y el Futuro de la Investigación
Las organizaciones que abogan por las víctimas sostienen que seguirán luchando por el esclarecimiento de los casos de adopciones ilegales. La comunidad ha manifestado su compromiso para no dejar en el olvido las historias de aquellos que continúan en la búsqueda de sus identidades. Este revés ha despertado interrogantes sobre el futuro del acceso a la verdad y la justicia en Chile, un país que aún graposamente lidia con las secuelas de su historia reciente.