Fabiola Perea es una mujer de 52 años que ha enfrentado adversidades significativas en su vida. Con cinco hijos a su cargo, ha trabajado incansablemente como empleada doméstica. Su historia tomó un giro inesperado en enero de 2023, cuando una maleta perdida con 4,000 dólares generó un escándalo nacional que impactó su vida de manera drástica.
Perea fue víctima de violaciones a sus derechos, al ser vigilada de manera ilegal por la Policía. La fuerza pública incluso la identificó erróneamente como “La Cocinera”, una supuesta integrante de un grupo criminal. “No he tenido ningún problema con la justicia. Siempre he trabajado y me he mantenido alejada de la violencia”, explicó Perea, quien vive con el peso de esas acusaciones.
La Policía fabricó informes para justificar estas interceptaciones, lo que llevó a la condena de dos agentes a más de 11 años de cárcel. Pese a las pruebas, la institución se ha opuesto a la demanda de Perea, alegando que no hay suficientes evidencias de fallas en el servicio.
La vida de Fabiola cambió radicalmente después del escándalo. La discriminación se alzó como un monstruo, y no pudo conseguir más trabajos domésticos. Sin embargo, sus hijos se convirtieron en su apoyo, ayudándola a sobrellevar la depresión y el estrés que la acosaron.
“Era devastador ver a mis hijos llorar por lo que estábamos enfrentando”, confiesa Fabiola, quien decidió hablar con los medios de comunicación tras años de silencio. Su historia es un testimonio de un sistema que falla a los ciudadanos más vulnerables.
Perea había sido contratada por Laura Sarabia, entonces jefa de despacho presidencial, a través de la recomendación de un amigo. Trabajaba únicamente un día a la semana. Sin embargo, después de la pérdida de la maleta, la situación cambió drásticamente. La Policía la interrogó bajo el pretexto de un estudio de seguridad, y comenzó una vigilancia que la transformó en objeto de sospecha.
Al enterarse de estas interceptaciones, Perea sintió que su vida había llegado a un punto de quiebre: “Lo primero que pensé fue que no tendría más trabajos”. La angustia psicológica que esto le causó resultó abrumadora.
A pesar de ser una víctima clara y reconocida, el Estado ha tratado de minimizar la situación. “La Presidencia ha rechazado cualquier responsabilidad y ha absolvido a la Policía”, recalca su abogado, Boris Lombana. Junto a él, Fabiola ha interpuesto una demanda al Estado, clamando por la justicia que le fue negada.
“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Nunca imaginé que mi vida se tornaría así”, relata Fabiola, cada día buscando cerrar este capítulo doloroso, mientras se enfrenta a las secuelas físicas y emocionales de lo vivido.
Aunque vive lejos de Bogotá ahora, Fabiola sigue anhelando la justicia y respuestas al dolor que ha sufrido. “Quiero saber quién fue el que ordenó esto. Lo que me hicieron no le puede pasar a nadie más”, expresa con determinación.
Su historia no es solo la de una mujer trabajadora; es un reflejo de las injusticias que aún persisten en la sociedad colombiana. “No me siento representada por Laura Sarabia, ni por nadie más. Solo yo me represento a mí misma”, concluye. Su lucha por dignidad y justicia continúa mientras intenta reconstruir su vida.
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